las 3 vías para salir: “negociar salida, dialogo bipartidista o guerra civil en puerta”

  7 de julio de 2017

Durante las últimas semanas se han renovado los esfuerzos diplomáticos, especialmente por parte de algunos países latinoamericanos y europeos, para que la crisis venezolana pueda alcanzar una solución negociada. Se ha popularizado también la expresión de que “el tiempo del diálogo pasó” y que ya es tiempo de una “negociación”. No cabe duda de que esto es lo deseable, pues entre otras cosas implicaría el pronto cese de los asesinatos que, a razón de uno por día, han venido marcando estos tres meses de protestas ciudadanas, abriendo además la posibilidad de que se recuperara una relativa paz en Venezuela.

No obstante, es claro también que dicha negociación se presenta como algo muy complejo. No se trata de un caso excepcional. Todas las negociaciones destinadas a manejar conflictos políticos que han rebasado el umbral de la violencia son difíciles y ameritan importantes dosis de reflexión, paciencia, comunicación, creatividad y habilidad diplomática. Es habitual que las personas que se sumergen en estos procesos (especialmente los negociadores mismos) requieran modificar sus puntos de vista iniciales, incluso una parte de sus creencias más profundas, para lograr comprender en alguna medida el punto de vista del otro y aceptar ceder parcialmente en sus propias demandas. Una negociación pasa así por una mutua concesión: nadie queda plenamente satisfecho, pero los términos del acuerdo permiten una mejoría en las condiciones de las partes en conflicto.

He ahí, entonces, dos de las claves necesarias para que todo proceso de negociación en medio de un conflicto violento funcione: se requiere que ambas partes puedan ceder en algún aspecto y estar en capacidad de sacrificar algunos de sus objetivos. Igualmente, se requiere la percepción más o menos generalizada en ambos bandos de que a través del conflicto no se pueden alcanzar los objetivos deseados. Algunos expertos en el ámbito hablan incluso de la necesidad de que un conflicto esté “maduro” para que una posible mediación pueda funcionar; lamentablemente, esa “madurez” se refiere al hecho de que el conflicto haya alcanzado ya cotas sumamente dolorosas, al punto de que mantener la refriega se haya hecho particularmente costoso y estéril.

En el caso concreto que nos ocupa, nos preguntamos si las condiciones actuales favorecen algún tipo de negociación. Por un lado, no está claro que ambas partes consideren que no serán capaces de alcanzar sus objetivos a través del conflicto; más bien al contrario. Por un lado, el régimen no sólo no refrena sino que además intensifica su represión. Tal como señalamos en un artículo anterior, su comportamiento demuestra la voluntad de suprimir las elecciones tal como se las ha conocido en Venezuela en los últimos tiempos, y a pesar del obvio carácter dictatorial de este propósito, el régimen ya está asumiendo los costos políticos inherentes. Ceder implicaría, en un mediano plazo, la salida del poder por parte de numerosos personajes que tienen graves cuentas pendientes con la justicia.

Por otro lado, la ciudadanía que ha decidido enfrentar al régimen parece convencida de que sólo mediante su permanente protesta y movilización podrá obtener lo que mediante canales legales e institucionales se le ha impedido. Los precedentes fortalecen esta convicción, ya que en los intentos anteriores para lograr soluciones negociadas el régimen chavista no cumplió prácticamente ninguno de los compromisos asumidos. Por otro lado, cabe preguntarse en qué puede ceder la sociedad democrática, cuando no emplea armas en sus protestas, se le impide articularse institucionalmente y además es objeto de políticas que la están sumiendo en una miseria estructural. La sociedad democrática ha llegado a conocer suficientemente bien la naturaleza del proyecto oficialista como para saber que su permanencia en el poder terminará de convertir a Venezuela en una sociedad cerrada y extremadamente empobrecida y violenta.

Foto: George Castellanos / AFP

Ante tales condiciones, la negociación no se plantea entre grupos equivalentes, ni puede exigir sacrificios o concesiones equivalentes. En el caso de la sociedad democrática, la desmovilización en estos momentos significaría la derrota absoluta, pues se quedaría sin su única herramienta útil para presionar por algún tipo de salida o acuerdo, y a merced de un régimen que unilateralmente modificará la actual organización del Estado a través de una supuesta asamblea constituyente con el objeto de cambiar la forma política republicana que se ha dado la nación.  Es perfectamente lógico suponer que dicha modificación y sus resultados impedirán totalmente la realización de elecciones en condiciones propias de una democracia digna de tal nombre.

Las soluciones negociadas a los conflictos políticos buscan, ante todo, alcanzar la paz. Pero por paz podemos entender muchas cosas. La condición inherente a una paz estable y duradera es la justicia. Un acuerdo negociado que no se fundamente en la instauración de unas mínimas condiciones de justicia puede ser una tregua, o bien la condena de uno de los bandos a la dominación del otro, pero no constituirá la base de una paz duradera, digna de tal nombre. En el caso venezolano actual, los acuerdos que el régimen estaría dispuesto a aceptar son aquellos que le permitirían permanecer en el poder. En ese sentido, lo único que pudieran alcanzar los demócratas por esa vía serían algunas “garantías” de que no serán encarcelados o procesados judicialmente por la dictadura, la liberación de algunos de los presos políticos y, en el mejor de los casos, algunas modificaciones en el actual modelo económico que permitan una leve mejoría de las condiciones de vida de la población. Esto último, sin embargo, parece difícil de creer cuando el régimen, lejos de flexibilizar su política económica ante la quiebra absoluta de la nación, no ha hecho más que ratificarse en su línea de control total.

El único acuerdo negociado que podría mejorar estructuralmente la situación actual, estableciendo las bases de una paz duradera y estable, pasa necesariamente por la posibilidad de que se produzca un cambio de régimen político hacia una situación más democrática, en la que quienes abandonan el poder obtengan ciertas garantías mínimas (cuyos términos será muy difícil  definir), donde los militares faciliten el cambio de régimen y en donde el chavismo más democrático pueda renovarse y convertirse en una fuerza política que acepte competir en el marco de un mínimo pluralismo político. Lo ideal sería, además, que ese cambio político sucediera a través de la realización de elecciones limpias, justas y competitivas. No obstante, en las condiciones actuales eso parece mucho pedir.

La realidad actual es sumamente cruda y se plantea como el dramático choque entre un régimen que ya asume su condición autocrática sin tapujos y una sociedad democrática que hace sus últimos esfuerzos para defender sus libertades. Si hasta principios del 2017 la comunidad internacional se limitó a respaldar e intentar facilitar tímidamente algunos intentos de diálogo totalmente manipulados por el régimen, durante los últimos meses ha intentado ir un poco más allá, ejerciendo alguna presión sobre éste para que desista de su “constituyente” y cese su brutal represión. Lo anterior aún es insuficiente. El loable deseo de proceder multilateralmente ha postergado acciones más directas y demorado medidas más drásticas, mientras Venezuela sigue cayendo en el abismo. A estas alturas, si el deseo manifestado desde el exterior de que en el país se desarrolle algún tipo de negociación no es más que una cómoda y poco comprometida salida diplomática, entonces habrá que asumir que es necesario desarrollar una presión mucho mayor, capaz de equilibrar las fuerzas en conflicto y de forzar negociaciones expresamente orientadas hacia el único tipo de acuerdo que en verdad pueda conducir a Venezuela hacia una situación de verdadera justicia y paz: un acuerdo que expresamente facilite la transición hacia la democracia. El tiempo para ello se va agotando.

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