Los 8 millones de votantes que NADIE VIO

fraudes

01/08/2017

La credibilidad de la rectora del Consejo Nacional Electoral (CNE) Tibisay Lucena se quebró luego de anunciar que 8 millones de personas aprobaron el proceso constituyente del 30 de julio. La cifra no se justifica ni en la calle ni en los estudios estadísticos. Un fraude de tal magnitud solo comparable en Venezuela con el plebiscito de Marcos Pérez Jiménez en 1957

Más de 8 millones de venezolanos aprobaron el proceso electoral de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), según la rectora del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena. De acuerdo con sus declaraciones, la participación representó 41,53% del patrón electoral, lo que dejó una abstención de 58,47%, la segunda más alta en la historia del país. El récord lo tienen las elecciones parlamentarias de 2005, con 74,74%, cuando la oposición tampoco participó. Esto si, y solo si, el Poder Electoral mostrara transparencia en su accionar. Mas la jornada del 30 de julio dejó al CNE en la calle: la cifra carece de sustento numérico. 36 horas después del primer boletín, no se conocen los resultados detallados de las votaciones.

Las denuncias de números “inflados” están en boca de políticos y ciudadanos. Es la primera vez que Venezuela presenta tal magnitud de vulneración de resultados electorales en un proceso de elección en el siglo XXI. El recuerdo más cercano de “fraude” es de hace seis décadas cuando el general Marcos Pérez Jiménez quiso extender su mandato más allá de 1958. Se organizó una consulta el 15 de diciembre de 1957 donde la gente respondería sobre tal aspiración y, además, apenas con un Sí revalidaría la postulación de los candidatos del caudillo al Congreso Nacional, a las Asambleas Legislativas y a los Concejos Municipales. Un kino, un tubo. El Consejo Supremo Electoral de entonces anunció 2.374.790 votos a favor frente a 186.015 sufragios en contra.

Pero las mentiras oficiales y los números grandilocuentes no taparon la inestabilidad hace 60 años, ni ahora. Las protestas aumentaron, al igual que la represión de la Seguridad Nacional. La Junta Patriótica que se oponía al régimen desconoció los resultados y los calificó de ilegítimos. Pero el dictador avanzó y se mostró atornillado en Miraflores por un lustro más. No duró. El país se le vino encima y Pérez Jiménez huyó del país el 23 de enero de 1958.

Chantajes equiparables se han visto alrededor del mundo, donde la coacción del Poder Electoral hace mella en los resultados oficiales. Sucedió en las elecciones de 1956 en Egipto, catalogadas como una farsa para legitimar el régimen de Gamal Abdel Nasser. El mandatario se sometió a un referéndum el 23 de junio de ese año y su presidencia se aprobó con 99,8% de los votos, al igual que su nueva Constitución con 99,7%. En Corea del Norte, sus 25 millones de habitantes son obligados a elegir a sus gobernadores provinciales, alcaldes y diputados a las asambleas locales con un Sí o un No, pero marcar la segunda opción o abstenerse es considerado un acto de traición.

El diplomático de carrera y analista internacional Óscar Hernández Bernalette rescata también procesos electorales de países africanos y del ya disuelto bloque soviético. “Es una tendencia donde hay control del gobierno. Cuando la estructura electoral no es autónoma, la tendencia es que se dé este tipo de resultados”, asegura.

El caso venezolano es “novedoso” para el internacionalista Julio César Pineda, pues se trata de un proceso que busca cambiar una Constitución, la columna vertebral del país. Según detalla, los problemas de legalidad e ilegalidad que se presentaron en América durante el siglo pasado entraban en un marco tradicional, nunca dentro de la definición del futuro de una nación. “No ha habido precedentes en la región ante un problema tan delicado como este. Tampoco la Fuerza Armada era participante, sino garante de orden público, no era un contribuyente activo”, agrega.

 

El milagro de Tibisay

Las estimaciones extraoficiales pulularon alrededor del proceso. La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) soltó la primera en plena jornada del 30 de julio: 2.483.000 personas, con una abstención de casi 88%. La firma Torino Capital promedió sus cuentas en 3,6 millones como resultado de su propio exit poll junto a Innovarium; y la encuestadora Datanálisis registró en 12,6% la cantidad de gente “muy dispuesta a votar” y en 12,5% “algo dispuesto” a hacerlo, lo que traduce entre 2 y 5 millones como tope.

“La tesis del fraude masivo y electrónico hasta el 30 de julio había sido incorrecta técnicamente. Esa cifra no se corresponde con ninguna de data seria”, asegura el politólogo y especialista en Análisis de Datos, John Magdaleno. Se sustenta en tres maneras de aproximarse al resultado. La primera, sobre la base de respaldo del chavismo, medida por intermedio de la identidad “roja rojita”. Esa oscila entre 18 y 20 por ciento de la población según recientes estudios de opinión. “Supongamos que el apoyo es de 20%, en el mejor de los casos daría unos 4 millones de votos de acuerdo con un espectro de 20 millones de electores”, indica. La mitad de lo que anunció Lucena.

La segunda se basa en el nivel de aprobación de la gestión de gobierno del actual presidente. Magdaleno indica que ronda entre 18 y 24 por ciento, cifra que ha descendido en el último mes y medio a 21%. Es evidente en los cálculos, y en la calle. La metodología también descartaría un escenario en el que Lucena anunciara un número de aprobación mayor a la Consulta Ciudadana del 16 de julio (7.535.259 votos), las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015 (7.706.749), incluso a las presidenciales de 2013, en las que Nicolás Maduro se convirtió en primer mandatario con 7.504.524 de votos a su favor.

El nivel de agrado sustenta el tercer acercamiento. Exit polls independientes emitidos el 30 de julio arrojaban 12% de participación, unos 2.500 millones de electores. Por eso el también politólogo hace una reducción al absurdo asumiendo que hay sesgos muestrales y “suponiendo que, en virtud de las dificultades para acceder a los centros, el estudio no podría tener una cobertura exhaustiva. Se exagera en sentido pedagógico y se supone que da el doble, pensando que se hubiese equivocado tanto en los cálculos. Da 5 millones”.

El único escenario que sustentaría el dato de 8.089.320 de personas votando, tan viable como imaginario, sería con el CNE adjudicando la votación múltiple al número total. “Por donde se le vea, no puede tomarse esa cifra en serio”, ratifica Magdaleno, con décadas de experiencia en el análisis de datos durante procesos electorales. El director de la encuestadora Delphos, Felix Seijas, concuerda: “Desde los estudios de opinión política, lo del domingo es imposible. Estamos hablando de un gobierno que la última vez que se midió en elecciones en la Asamblea Nacional no alcanzó ese nivel de votación. A partir de allí, la popularidad ha venido disminuyendo. La cifra no superaría en ningún nivel los 3 millones”.

Seijas atisba dos posibilidades para que la Constituyente fuese aprobada por casi la mitad del espectro de votantes del registro del CNE. “Que hayan puesto a votar a gente que no estuvo ahí, con la complicidad de los miembros de las 14 mil mesas. Serían unas 70 mil personas supervisoras a nivel nacional. La otra es que simplemente la cifra haya sido inflada de palabra”. Palabras sin sustento en las calles y, probablemente tampoco en las urnas. Esta última tiene el inconveniente de no concordar con los datos por mesa, aunque el estadístico duda incluso de su publicación. “Podrían presentarlos a nivel municipal para anunciar a los ganadores. Así se vería una buena muestra de que fue lo que ocurrió”.

Como politólogo, John Magdaleno le da una lectura a la jornada del 30 de julio que sobrepasa la simple presentación de datos inconsistentes. “¿Un régimen autoritario sometido a presión popular e internacional, a una cada vez menor disposición de divisas, a una fractura de una coalición dominante en marcha, va a admitir que una consulta tuvo una participación inferior a un evento organizado por la oposición días antes? La respuesta es no. El gobierno asume el costo de dar la cifra porque es un imperativo político”. Desde su perspectiva política, dar una impresión general de que está en condición de minoría explicaría el comportamiento autoritario, lo que la hace una decisión “tremendamente perjudicial”.

 

Tostada sin queso

A simple vista, el número sigue siendo exagerado. Los medios de comunicación nacionales e internacionales no pudieron transmitir las inexistentes colas. El reglamento del CNE impedía que los medios privados y la prensa independiente estuviera a menos de 500 metros de distancia de los centros de votación del país, a pesar de que canales como Globovisión y Venevisión sí pudieron aprovechar sus acreditaciones. El diputado y expresidente de la Asamblea Nacional (AN) Henry Ramos Allup ratificó la censura en la cobertura como vocero de MUD: “Si se le hubiese permitido el acceso, hubieran tenido que registrar esto que sabemos que es un hecho público y notorio: que los centros estuvieron permanentemente desolados”.

La soledad se palpaba fuera de los lugares habilitados para votar. Las colas eran esporádicas en las zonas populares del país, a diferencia de las caras de hastío: esas abundaban y eran permanentes. Quienes asistieron tampoco constataron la “participación masiva” que tanto alegaron diversos funcionarios públicos. El Poliedro de Caracas -designado como un punto de contingencia para votantes de Chacao, El Hatillo, Baruta y la parroquia Leoncio Martínez del municipio Sucre- se aglomeró una cantidad considerable para la foto cerca de las 9 de la mañana. La cifra que el CNE aún no ha hecho pública amainó considerablemente desde las 2 de la tarde.

Para Hernández Bernalette fue más que evidente el descaro, especialmente cuando el sufragio se arraigó en la vida del venezolano durante la última centuria. “La gente se acostumbró a ver procesos electorales, a ver mucha movilización de gente, cosa que no se vio en esta oportunidad. Eso hace pensar que de todos los mecanismos que usaron, esos números presentados no se corresponden con la realidad”, ratifica.

 

En la lupa mundial

No solo bastó con que la MUD y la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, manifestaran su rechazo al proceso constituyente. Nueve países de la región desconocen los resultados de las elecciones del 30 de julio, entre ellos Estados Unidos, Canadá y México. También en la Unión Europea hubo rechazo de naciones como Alemania, España, Noruega, Italia, incluso la neutral Suiza, además del propio Parlamento continental.

Las consecuencias de su implementación ilegítima implican un aislamiento aún más consolidado de Venezuela. Pineda avizora el retiro de diplomáticos y embajadores de tierras criollas, especialmente los de aquellas naciones que manifestaron su desacuerdo al proceso constituyente. “Sería una forma de expresar el no reconocimiento de los resultados electorales”, le secunda el analista Hernández Bernalette, quien agrega a la fórmula la aplicación de sanciones individuales a funcionarios del gobierno.

Podrían incluso suspenderse los acuerdos comerciales que estas naciones tienen con Venezuela. “Se irá reaccionando en la medida en que se entienda que el fraude es la ruptura del hilo del orden democrático. Esto seguirá perjudicando al país, independientemente del nivel multilateral y financiero, que cae en una situación de descrédito”, explica Hernández Bernalette.

La gracia del Consejo Nacional Electoral le costó su credibilidad dentro y fuera del territorio. De acuerdo con Felix Seijas hijo, es resultado de un proceso progresivo que se consolidó con las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente. “El CNE dio un paso definitivo, algo que no habíamos visto. Después del 30 de julio, la imagen de la rectora Tibisay Lucena ante el mundo pasa a ser irrecuperable. No se puede recorrer”, sentencia.

El periodista Eugenio Martínez, especialista en cobertura electoral, alertó sobre cómo se relajaron todos los sistemas de control electoral y de identidad implementados desde hace una década. “¿Qué ocurre si no está el SAI funcionando correctamente? Una solo persona puede seleccionar y votar infinitamente”. En sus redes sociales, dijo que se asistió a un proceso electoral sin auditorías, con movilidad entre centros y con centros nucleados, sin tinta indeleble, con 38% del padrón de votantes excluido y mil electores de 110 años. “Para ‘salvar’ la Constituyente de Maduro, Lucena parece dispuesta a provocar que nunca más se confíe en un resultado electoral en Venezuela”, escribió.

Para Magdaleno, especialista en Análisis de Datos, no representa sorpresa alguna, especialmente luego del tratamiento que se le dio al referendo revocatorio convocado por la oposición en 2016. Solo queda separar la mayor parte de la directiva del Consejo Nacional de sus respectivos cargos. La purga es inminente para la recuperación de la credibilidad del ente. “El debate actual se traslada a las condiciones que regirán los procesos electorales. Porque hay incertidumbre sobre cómo la Constituyente tomará cartas en la materia. Y de cara a consultas sucesivas, debe centrarse en las reglas del juego. No importa si se trata de condiciones desventajosas para la oposición si aseguran elecciones libres, universales e imparciales”.

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