EEUU trabajara con sus aliados por una salida pacífica en Venezuela #17Ago

Mike Pence arribó este miércoles a Chile después de visitar Colombia y Argentina, en el marco de su primera gira por Centro y Sudamérica, para reunirse con diversos miembros del Gobierno chileno y miembros del empresariado.

VAD/EFE

En Chile manifestó que Estados Unidos usará toda su fuerza diplomática y económica hasta que se restaure la democracia en Venezuela.“Trabajaremos con los países aliados en toda América Latina para llegar a una solución pacífica (para Venezuela)”.

El vicepresidente aseguró en su visita a Chile, en el marco de su gira por Latinoamérica, que Venezuela está cerca de convertirse en una dictadura y que su país “no permanecerá como observador”.

En su visita a Chile, en el marco de su gira por Latinoamérica, Pence aseguró que la región percibe “la tiranía y la tragedia en Venezuela”, donde la gente “sufre y muere”, y reafirmó que el Gobierno de Donald Trump “siempre apoyará a los países libres”.

“Agradecemos el liderazgo de Chile en condenar el régimen venezolano”, sentenció el vicepresidente, además de aplaudir el mensaje enviado por los cancilleres de doce países de la región, quienes manifestaron en Lima su plena disposición para restablecer la democracia en Venezuela, a través de una salida “pacífica y negociada” a la crisis.

La suma de dinero que cobra la @GNBoficial de @vladimirpadrino para no detener a “terroristas”

Desde que iniciaron las protestas en contra del gobierno nacional, los funcionarios que acompañan a Maduro empezaron a catalogar a los manifestantes como terroristas. Una palabra tan delicada se comenzó a usar con frecuencia y a la ligera para satanizar la protesta popular.

De manera tal, todo aquel que saliera a la calle a ejercer su legítimo derecho a la protesta, era y es catalogado como terrorista. La Guardia Nacional Bolivariana (GNB) eran los antagonistas de la historia, reprimiendo y deteniendo a los venezolanos que se alzaron contra el régimen.

En ocasiones anteriores se hizo de conocimiento público que los funcionarios de “seguridad” del Estado cobraban a los familiares de los detenidos altas sumas de dinero para liberarlos. Sin embargo, ahora la extorsión es por adelantado.

De acuerdo con una denuncia de la periodista Elyangélica González, uno de sus amigos fue víctima de los esbirros de la dictadura. De acuerdo con lo informado, el joven fue abordado por los uniformados, quienes revisaron su celular. Acto seguido, le solicitaron una suma de Bs. 1.500.000 para no meterlo preso por “terrorismo”.

El evento delictivo por parte de quienes deberían ser garantes de seguridad tuvo lugar en la Avenida Victoria en la ciudad de Caracas. El hombre retenido tomó la decisión de pagar a los extorsionadores de la Guardia Nacional, para mantener su libertad.

Al conocer este tipo de casos siempre queda una duda en el aire: ¿Habrá hecho lo correcto? Sin embargo, en un país donde la policía siembra evidencias y no hay ningún tipo de garantías, juzgar también ha pasado a un segundo plano.

Los 8 millones de votantes que NADIE VIO

fraudes

01/08/2017

La credibilidad de la rectora del Consejo Nacional Electoral (CNE) Tibisay Lucena se quebró luego de anunciar que 8 millones de personas aprobaron el proceso constituyente del 30 de julio. La cifra no se justifica ni en la calle ni en los estudios estadísticos. Un fraude de tal magnitud solo comparable en Venezuela con el plebiscito de Marcos Pérez Jiménez en 1957

Más de 8 millones de venezolanos aprobaron el proceso electoral de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), según la rectora del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena. De acuerdo con sus declaraciones, la participación representó 41,53% del patrón electoral, lo que dejó una abstención de 58,47%, la segunda más alta en la historia del país. El récord lo tienen las elecciones parlamentarias de 2005, con 74,74%, cuando la oposición tampoco participó. Esto si, y solo si, el Poder Electoral mostrara transparencia en su accionar. Mas la jornada del 30 de julio dejó al CNE en la calle: la cifra carece de sustento numérico. 36 horas después del primer boletín, no se conocen los resultados detallados de las votaciones.

Las denuncias de números “inflados” están en boca de políticos y ciudadanos. Es la primera vez que Venezuela presenta tal magnitud de vulneración de resultados electorales en un proceso de elección en el siglo XXI. El recuerdo más cercano de “fraude” es de hace seis décadas cuando el general Marcos Pérez Jiménez quiso extender su mandato más allá de 1958. Se organizó una consulta el 15 de diciembre de 1957 donde la gente respondería sobre tal aspiración y, además, apenas con un Sí revalidaría la postulación de los candidatos del caudillo al Congreso Nacional, a las Asambleas Legislativas y a los Concejos Municipales. Un kino, un tubo. El Consejo Supremo Electoral de entonces anunció 2.374.790 votos a favor frente a 186.015 sufragios en contra.

Pero las mentiras oficiales y los números grandilocuentes no taparon la inestabilidad hace 60 años, ni ahora. Las protestas aumentaron, al igual que la represión de la Seguridad Nacional. La Junta Patriótica que se oponía al régimen desconoció los resultados y los calificó de ilegítimos. Pero el dictador avanzó y se mostró atornillado en Miraflores por un lustro más. No duró. El país se le vino encima y Pérez Jiménez huyó del país el 23 de enero de 1958.

Chantajes equiparables se han visto alrededor del mundo, donde la coacción del Poder Electoral hace mella en los resultados oficiales. Sucedió en las elecciones de 1956 en Egipto, catalogadas como una farsa para legitimar el régimen de Gamal Abdel Nasser. El mandatario se sometió a un referéndum el 23 de junio de ese año y su presidencia se aprobó con 99,8% de los votos, al igual que su nueva Constitución con 99,7%. En Corea del Norte, sus 25 millones de habitantes son obligados a elegir a sus gobernadores provinciales, alcaldes y diputados a las asambleas locales con un Sí o un No, pero marcar la segunda opción o abstenerse es considerado un acto de traición.

El diplomático de carrera y analista internacional Óscar Hernández Bernalette rescata también procesos electorales de países africanos y del ya disuelto bloque soviético. “Es una tendencia donde hay control del gobierno. Cuando la estructura electoral no es autónoma, la tendencia es que se dé este tipo de resultados”, asegura.

El caso venezolano es “novedoso” para el internacionalista Julio César Pineda, pues se trata de un proceso que busca cambiar una Constitución, la columna vertebral del país. Según detalla, los problemas de legalidad e ilegalidad que se presentaron en América durante el siglo pasado entraban en un marco tradicional, nunca dentro de la definición del futuro de una nación. “No ha habido precedentes en la región ante un problema tan delicado como este. Tampoco la Fuerza Armada era participante, sino garante de orden público, no era un contribuyente activo”, agrega.

 

El milagro de Tibisay

Las estimaciones extraoficiales pulularon alrededor del proceso. La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) soltó la primera en plena jornada del 30 de julio: 2.483.000 personas, con una abstención de casi 88%. La firma Torino Capital promedió sus cuentas en 3,6 millones como resultado de su propio exit poll junto a Innovarium; y la encuestadora Datanálisis registró en 12,6% la cantidad de gente “muy dispuesta a votar” y en 12,5% “algo dispuesto” a hacerlo, lo que traduce entre 2 y 5 millones como tope.

“La tesis del fraude masivo y electrónico hasta el 30 de julio había sido incorrecta técnicamente. Esa cifra no se corresponde con ninguna de data seria”, asegura el politólogo y especialista en Análisis de Datos, John Magdaleno. Se sustenta en tres maneras de aproximarse al resultado. La primera, sobre la base de respaldo del chavismo, medida por intermedio de la identidad “roja rojita”. Esa oscila entre 18 y 20 por ciento de la población según recientes estudios de opinión. “Supongamos que el apoyo es de 20%, en el mejor de los casos daría unos 4 millones de votos de acuerdo con un espectro de 20 millones de electores”, indica. La mitad de lo que anunció Lucena.

La segunda se basa en el nivel de aprobación de la gestión de gobierno del actual presidente. Magdaleno indica que ronda entre 18 y 24 por ciento, cifra que ha descendido en el último mes y medio a 21%. Es evidente en los cálculos, y en la calle. La metodología también descartaría un escenario en el que Lucena anunciara un número de aprobación mayor a la Consulta Ciudadana del 16 de julio (7.535.259 votos), las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015 (7.706.749), incluso a las presidenciales de 2013, en las que Nicolás Maduro se convirtió en primer mandatario con 7.504.524 de votos a su favor.

El nivel de agrado sustenta el tercer acercamiento. Exit polls independientes emitidos el 30 de julio arrojaban 12% de participación, unos 2.500 millones de electores. Por eso el también politólogo hace una reducción al absurdo asumiendo que hay sesgos muestrales y “suponiendo que, en virtud de las dificultades para acceder a los centros, el estudio no podría tener una cobertura exhaustiva. Se exagera en sentido pedagógico y se supone que da el doble, pensando que se hubiese equivocado tanto en los cálculos. Da 5 millones”.

El único escenario que sustentaría el dato de 8.089.320 de personas votando, tan viable como imaginario, sería con el CNE adjudicando la votación múltiple al número total. “Por donde se le vea, no puede tomarse esa cifra en serio”, ratifica Magdaleno, con décadas de experiencia en el análisis de datos durante procesos electorales. El director de la encuestadora Delphos, Felix Seijas, concuerda: “Desde los estudios de opinión política, lo del domingo es imposible. Estamos hablando de un gobierno que la última vez que se midió en elecciones en la Asamblea Nacional no alcanzó ese nivel de votación. A partir de allí, la popularidad ha venido disminuyendo. La cifra no superaría en ningún nivel los 3 millones”.

Seijas atisba dos posibilidades para que la Constituyente fuese aprobada por casi la mitad del espectro de votantes del registro del CNE. “Que hayan puesto a votar a gente que no estuvo ahí, con la complicidad de los miembros de las 14 mil mesas. Serían unas 70 mil personas supervisoras a nivel nacional. La otra es que simplemente la cifra haya sido inflada de palabra”. Palabras sin sustento en las calles y, probablemente tampoco en las urnas. Esta última tiene el inconveniente de no concordar con los datos por mesa, aunque el estadístico duda incluso de su publicación. “Podrían presentarlos a nivel municipal para anunciar a los ganadores. Así se vería una buena muestra de que fue lo que ocurrió”.

Como politólogo, John Magdaleno le da una lectura a la jornada del 30 de julio que sobrepasa la simple presentación de datos inconsistentes. “¿Un régimen autoritario sometido a presión popular e internacional, a una cada vez menor disposición de divisas, a una fractura de una coalición dominante en marcha, va a admitir que una consulta tuvo una participación inferior a un evento organizado por la oposición días antes? La respuesta es no. El gobierno asume el costo de dar la cifra porque es un imperativo político”. Desde su perspectiva política, dar una impresión general de que está en condición de minoría explicaría el comportamiento autoritario, lo que la hace una decisión “tremendamente perjudicial”.

 

Tostada sin queso

A simple vista, el número sigue siendo exagerado. Los medios de comunicación nacionales e internacionales no pudieron transmitir las inexistentes colas. El reglamento del CNE impedía que los medios privados y la prensa independiente estuviera a menos de 500 metros de distancia de los centros de votación del país, a pesar de que canales como Globovisión y Venevisión sí pudieron aprovechar sus acreditaciones. El diputado y expresidente de la Asamblea Nacional (AN) Henry Ramos Allup ratificó la censura en la cobertura como vocero de MUD: “Si se le hubiese permitido el acceso, hubieran tenido que registrar esto que sabemos que es un hecho público y notorio: que los centros estuvieron permanentemente desolados”.

La soledad se palpaba fuera de los lugares habilitados para votar. Las colas eran esporádicas en las zonas populares del país, a diferencia de las caras de hastío: esas abundaban y eran permanentes. Quienes asistieron tampoco constataron la “participación masiva” que tanto alegaron diversos funcionarios públicos. El Poliedro de Caracas -designado como un punto de contingencia para votantes de Chacao, El Hatillo, Baruta y la parroquia Leoncio Martínez del municipio Sucre- se aglomeró una cantidad considerable para la foto cerca de las 9 de la mañana. La cifra que el CNE aún no ha hecho pública amainó considerablemente desde las 2 de la tarde.

Para Hernández Bernalette fue más que evidente el descaro, especialmente cuando el sufragio se arraigó en la vida del venezolano durante la última centuria. “La gente se acostumbró a ver procesos electorales, a ver mucha movilización de gente, cosa que no se vio en esta oportunidad. Eso hace pensar que de todos los mecanismos que usaron, esos números presentados no se corresponden con la realidad”, ratifica.

 

En la lupa mundial

No solo bastó con que la MUD y la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, manifestaran su rechazo al proceso constituyente. Nueve países de la región desconocen los resultados de las elecciones del 30 de julio, entre ellos Estados Unidos, Canadá y México. También en la Unión Europea hubo rechazo de naciones como Alemania, España, Noruega, Italia, incluso la neutral Suiza, además del propio Parlamento continental.

Las consecuencias de su implementación ilegítima implican un aislamiento aún más consolidado de Venezuela. Pineda avizora el retiro de diplomáticos y embajadores de tierras criollas, especialmente los de aquellas naciones que manifestaron su desacuerdo al proceso constituyente. “Sería una forma de expresar el no reconocimiento de los resultados electorales”, le secunda el analista Hernández Bernalette, quien agrega a la fórmula la aplicación de sanciones individuales a funcionarios del gobierno.

Podrían incluso suspenderse los acuerdos comerciales que estas naciones tienen con Venezuela. “Se irá reaccionando en la medida en que se entienda que el fraude es la ruptura del hilo del orden democrático. Esto seguirá perjudicando al país, independientemente del nivel multilateral y financiero, que cae en una situación de descrédito”, explica Hernández Bernalette.

La gracia del Consejo Nacional Electoral le costó su credibilidad dentro y fuera del territorio. De acuerdo con Felix Seijas hijo, es resultado de un proceso progresivo que se consolidó con las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente. “El CNE dio un paso definitivo, algo que no habíamos visto. Después del 30 de julio, la imagen de la rectora Tibisay Lucena ante el mundo pasa a ser irrecuperable. No se puede recorrer”, sentencia.

El periodista Eugenio Martínez, especialista en cobertura electoral, alertó sobre cómo se relajaron todos los sistemas de control electoral y de identidad implementados desde hace una década. “¿Qué ocurre si no está el SAI funcionando correctamente? Una solo persona puede seleccionar y votar infinitamente”. En sus redes sociales, dijo que se asistió a un proceso electoral sin auditorías, con movilidad entre centros y con centros nucleados, sin tinta indeleble, con 38% del padrón de votantes excluido y mil electores de 110 años. “Para ‘salvar’ la Constituyente de Maduro, Lucena parece dispuesta a provocar que nunca más se confíe en un resultado electoral en Venezuela”, escribió.

Para Magdaleno, especialista en Análisis de Datos, no representa sorpresa alguna, especialmente luego del tratamiento que se le dio al referendo revocatorio convocado por la oposición en 2016. Solo queda separar la mayor parte de la directiva del Consejo Nacional de sus respectivos cargos. La purga es inminente para la recuperación de la credibilidad del ente. “El debate actual se traslada a las condiciones que regirán los procesos electorales. Porque hay incertidumbre sobre cómo la Constituyente tomará cartas en la materia. Y de cara a consultas sucesivas, debe centrarse en las reglas del juego. No importa si se trata de condiciones desventajosas para la oposición si aseguran elecciones libres, universales e imparciales”.

constancia que deberán presentar militares tras votar el #30Jul (+Foto) #28Jul

Caracas, 28 de julio.- La periodista Sebastiana Barráez reveló este viernes que el Gobierno nacional ante los elevados niveles de abstención que se producirán en la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, impuso una constancia que será entregada a los efectivos de la Fuerza Armada Nacional (FAN) que asistan a ejercer el voto en el proceso comicial.

“De ahí partió la orden de que cada integrante de la Fuerza Armada debe presentar una constancia firmada y sellada por el jefe del centro de votación, donde conste que ejerció el voto. Sin excusa, es la orden. Esa constancia la debe entregar el militar ante el Departamento de Personal de la unidad a la cual pertenece. Que de ahí irá a Gestión Humana de cada componente”, indicó la comunicadora social.

A continuación el texto íntegro publicado en la página web de la periodista:

Es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Han percibido el amargo sabor de ser obligados a apoyar la Constituyente. El hermoso derecho de sufragar, se ha convertido en una imposición. Los diferentes componentes recibieron la orden de girar instrucciones a todo el personal militar para que ejerzan el voto. Pero la situación en la FANB es un reflejo de lo que ocurre en la sociedad, y en ella hay fuertes divisiones entre quienes apoyan la Constituyente y quienes la consideran ilegal e ilegítima, la jerarquía de la FANB debe asegurarse que los militares voten.

Foto: Cortesía

De ahí partió la orden de que cada integrante de la Fuerza Armada debe presentar una constancia firmada y sellada por el jefe del centro de votación, donde conste que ejerció el voto. “Sin excusa”, es la orden. Esa constancia la debe entregar el militar ante el Departamento de Personal de la unidad a la cual pertenece. Que de ahí irá a Gestión Humana de cada componente. Lo indignante y vergonzoso es que el Gobierno nacional use a la FANB para asegurarse la presencia de votantes, ante la resistencia de parte importante de la población que rechaza la Constituyente. He ahí la constancia que les anexan.

@lortegadiaz afirma que “rechazo a la Constituyente es de un 90%”

LuisaOrtega

23/07/2017

ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE | ELECCIONES | LUISA ORTEGA DÍAZ | NICOLÁS MADURO | VENEZUELA |

La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, reiteró que, “de acuerdo con la Constitución” vigente, el proceso constituyente impulsado por el presidente Nicolás Maduro para elaborar una nueva Carta Magna “debe ser convocada por el pueblo”, durante una entrevista en el canal de televisión Univision.“La máxima autoridad del Ministerio Público resaltó que lamentablemente la convocatoria no se ha consultado al pueblo, y que la misma tiene un rechazo de casi el 90% por parte de los ciudadanos que están descontentos”, informó este domingo la Fiscalía en un comunicado sobre la intervención de Ortega en ese canal.

Ortega Díaz lamentó, asimismo, que “quienes promueven dicho proceso no han indicado cuáles son las soluciones o respuestas a la grave crisis que atraviesa Venezuela, caracterizada por la falta alimentos, el alto costo de los productos de primera necesidad, la escasez de medicamentos, la situación de los hospitales y la inseguridad”.

El presidente Nicolás Maduro anunció el pasado 1 de mayo la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que debe ser elegida el 30 de julio.

En la línea de la fiscal, la oposición, sectores disidentes del chavismo y amplios sectores sociales recriminan a Maduro no haber sometido la convocatoria a una referéndum previo de aprobación.

La oposición e instituciones como la Iglesia venezolana ven en este proceso una forma del chavismo gobernante –en el poder desde 1999- de “consolidar la dictadura”en Venezuela.

Ortega rompió filas con el oficialismo el pasado marzo al denunciar los supuestos atropellos de la Constitución por parte del Tribunal Supremo de Justicia,acusado de servir al Gobierno e intentar despojar de su poder al Parlamento, de mayoría opositora.

Desde entonces, Ortega le ha recriminado al Gobierno practicar “terrorismo de Estado” y haber convertido Venezuela en un “Estado policial”.

La fiscal se ha convertido en una de las voces más críticas contra Maduro dentro de las instituciones.

Algunos de sus pronunciamientos le han valido el proceso abierto contra ella por el Supremo, que estudia supuestas “faltas graves” en el desempeño de sus funciones y le ha congelado las cuentas y prohibido salir del país a la espera de establecer si existen motivos para enjuiciarla.

Pese a estos y otros procesos iniciados por las autoridades en su contra, Ortegareafirmó en Univision que “no renunciará a su cargo como Fiscal General”.

La titular del Ministerio Público recordó además que su mandato al frente de la Fiscalía vence en diciembre de 2021, y agregó: “El país confía en mí; tengo el respaldo de los venezolanos”.

 

Dos muertos y al menos 200 detenidos dejó paro cívico contra Maduro y la #ANC

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Caracas, 21 de julio. EFE.- La oposición redobló este jueves la presión contra el presidente Nicolás Maduro con una huelga general que paralizó zonas enteras en varias ciudades y se saldó con dos muertos y al menos 200 detenciones durante los cortes masivos de calles que acompañaban al paro.

Manifestantes que impedían la circulación con basura, ramas de árbol y otros obstáculos se enfrentaron con las fuerzas del orden después de que estas intentaran despejar vías públicas en distintos lugares de Caracas y el interior del país. Ronney Tejera, de 24 años, murió al ser herido por arma de fuego en una manifestación en la ciudad de Los Teques, en un incidente confirmado por la Fiscalía en el que resultaron heridas tres personas y del que la fuente no ofreció detalles.

Foto: EFE

El otro fallecido es Andrés Uzcátegui, de 23 años, que murió durante una manifestación en la céntrica ciudad de Valencia, en la que se registraron, además, 6 heridos, según la Fiscalía, lo que eleva a 98 los decesos en la ola de protestas en el país. El paro es parte de la “fase superior de la lucha cívica”, activada por la oposición después de que el pasado domingo 7,4 millones de ciudadanos rechazaran en una consulta organizado por la oposición la Constituyente impulsada por Maduro para modificar la Carta Magna.

La Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que ha publicado imágenes de calles desiertas con los comercios cerrados en numerosas ciudades, cifró en 85% el cumplimiento del paro general. El éxito del paro fue contestado por la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores (CBST), que aseguró que no tuvo convocatoria y los empleados acudieron a sus puestos “como todos los días”.

Opositores y grupos pro derechos humanos como el Foro Penal Venezolano (FPV) denunciaron la represión de la Guardia Nacional (GN) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB), contra quienes interrumpían el tráfico, señalando que se registraron más de 200 detenciones.
Uno de los escenarios de los citados disturbios fue el municipio de Sucre, cuyo alcalde, el opositor Carlos Ocariz, fue responsabilizado por Maduro de un ataque a la sede de la televisión VTV.

Foto: EFE

Esta previsto que esta Asamblea Constituyente se elija el 30 de julio y es vista por la oposición y numerosos sectores sociales como un intento oficialista de “consolidar la dictadura” en Venezuela. Su retirada es la principal exigencia que hace la oposición y los manifestantes a Maduro.

¿Está Venezuela en una guerra civil de cuarta generación?

 7 de julio de 2017

 

En una guerra civil…, todas las facciones se equivocan. Es inútil poner las cosas en claro.

Todos son víctimas.

 

Desde hace cierto tiempo se han puesto de moda los términos “guerra asimétrica” y “guerra de cuarta generación”, que se refieren más o menos a lo mismo. Ambos hablan de un nuevo tipo de conflicto que remplazaría a las “guerras convencionales” que imperaron en el mundo hasta la segunda guerra del Golfo en 2003, cuando los Estados Unidos invadieron Irak, aplastaron al ejército iraquí y derrocaron el régimen de Saddam Hussein, en lo que se considera el último gran conflicto convencional ocurrido en el mundo. Fue tal la desproporción de tecnología, recursos, armamento sofisticado y superioridad militar, a pesar de que Irak contaba con un ejército grande y teóricamente fuerte, que expertos y analistas comenzaron a visualizar cómo podría un país pequeño o mediano oponerse al poderío bélico norteamericano y así nacieron las primeras teorías.

Para tener más claro el concepto de “guerra asimétrica”, tres definiciones ayudan:

Para Paul F. Herman Jr.[2].: “…Es un conjunto de prácticas operacionales que tienen por objeto negar las ventajas y explotar las vulnerabilidades de la parte más fuerte, antes que buscar enfrentamientos directos. Los conceptos y movimientos asimétricos buscan usar el medio ambiente físico y las capacidades militares en formas que son atípicas y presumiblemente no anticipadas por estructuras militares bien establecidas, tomándolas, por ende, desbalanceadas y no preparadas”.

Para John T. Chenery[3]: “Los retos asimétricos vienen a ser cualquier método no convencional o barato, usado para evitar fortalezas y explotar vulnerabilidades

Para Kenneth F. McKenzie Jr[4].“Son aproximaciones no convencionales que evitan o minan las fortalezas del oponente, mientras que explotan sus vulnerabilidades, pero con dos objetivos siempre en mente: Obtener un efecto desproporcionado  y afectar la voluntad de lucha del más fuerte. Pueden conseguir un poderoso efecto a través de la manipulación del elemento psicológico. En términos funcionales, la mente del enemigo se convierte en el blanco.”

El fallecido presidente Hugo Chávez jugaba a presentarse como víctima de una guerra asimétrica instrumentada por “el imperio”, cuando él mismo aplicaba varios de sus principios para intensificar el dominio y control de la población venezolana. Dadas las circunstancias que vive actualmente el país, cabe preguntarse si al igual que el concepto de “guerra convencional” ha evolucionado y cambiado, ¿no habrá pasado lo mismo con el de “guerra civil”? ¿No estaremos ya en una guerra civil de cuarta generación?, es decir, un nuevo tipo de guerra civil distinto a la subversión armada o a los conflictos internos, como el de Colombia.

Por guerra civil tradicional se entiende, en términos generales y sencillos, un conflicto armado que se desarrolla en un mismo país. La historia está plagada de guerras civiles, desde la Tetrarquía Romana, ocurrida en los años 306 al 324 dC; hasta la actual guerra civil en Siria, iniciada en el 2011 y que todavía continúa. Nuestro continente también las ha sufrido: la Guerra Civil Argentina (1814-1880) entre los partidos Federal y Unitario; las guerras civiles centroamericanas (1824-1839) entre liberales y conservadores; la Guerra Civil Peruana (1856-1858) por la constitución de 1856; la Guerra de Reforma en México (1857-1861), o la Guerra de Secesión estadounidense (1861–1865). también se pueden mencionar la Revolución Liberal de Ecuador entre 1875 y 1895; la Guerra Civil Chilena en 1891; la Revolución Constitucionalista de 1932 o Guerra Paulista en el Estado de São Paulo, en Brasil; las nueve guerras civiles que devastaron Colombia durante el siglo XIX y XX; o la Guerra Civil de Costa Rica en 1948.

Nuestro país no ha estado exento de este tipo de conflicto. Sufrimos la Guerra Federal entre 1859 y 1863; y la llamada “Revolución Libertadora” entre 1901 y 1903. Hugo Chávez, de forma constante, amenazó con la posibilidad de una nueva guerra civil en Venezuela, presentándose como el único que podía evitarla, mientras promovía sin tapujos el odio, la discriminación, la intolerancia y la violencia.

Una vez hecho este “recorrido de contexto” en el que vemos que la eventualidad de una guerra civil ha estado muy presente en nuestra historia y en la del continente, cabe regresar a la pregunta inicial. ¿Estamos viviendo una guerra civil no convencional?

La respuesta es un rotundo y contundente “NO”. No estamos ante un nuevo tipo de guerra civil ni existe posibilidad cercana de una guerra civil en Venezuela.

Foto: El País.

En Venezuela no es posible una guerra civil, porque, a diferencia de quiénes integran el Alto Gobierno, nuestros principales dirigentes políticos y de la sociedad civil tienen y obedecen a profundos principios democráticos, pacíficos y buscan el interés de la nación. La lucha del pueblo y de la oposición es fundamentalmente no violenta, sobrellevando abusos, trampas y provocaciones cometidas por el gobierno. La resistencia y rebelión contra el gobierno es firme y resueltamente no violenta.

Si bien hubo corruptos y deshonestos en la mal llamada Cuarta República, ninguno de los sospechosos o implicados intentó impedir que ocurrieran elecciones, desconocer a las autoridades legítimas o aniquilar al entonces Congreso Nacional. En 1993 el Presidente Pérez obedeció las medidas que se tomaron en su contra, sin violentar la Constitución ni descalificar a los Poderes que intervinieron en su destitución ni irrumpir contra la acción del Fiscal General de la República del momento. Siempre prevalecieron valores democráticos, principios que se han afianzado, reforzado y multiplicado en estos años de resignada espera y en estos momentos de justa rebelión.

A la casta que nos gobierna no le importa derramar sangre, usar la fuerza, la mentira, violar derechos humanos y profundizar la crisis en la que tienen postrado al país. Solo les interesa mantener el Poder a toda costa, cueste lo que cueste. Podrán asesinar y encarcelar a miles de venezolanos y venezolanas, pero no podrán llevar al país a una guerra civil, porque por parte de una inmensa mayoría de la población, lo que se quiere es paz, justicia y democracia y, precisamente, no más violencia ni derramamiento de sangre.

En Venezuela no es posible una guerra civil porque la ley y los principios constitucionales prevalecen en la mente e imaginario colectivo. Cada vez está quedando más claro entre la gente y algunas notorias personalidades como la Fiscal General de la República, y posiblemente otras voces en instituciones públicas civiles y militares que se irán sumando, que “…Los ciudadanos[5] cuando han asumido directa y personalmente sus responsabilidades y deberes que se derivan de dichos artículos 333 y 350 de la Constitución, están cumpliendo con la obligación de defender el Estado de derecho, la libertad y la democracia, y por ello están realizando un enorme sacrificio y pagando un alto precio en vidas humanas. La sociedad civil ha emprendido de manera autónoma la operación de desconocimiento de la dictadura y ha comprendido que sus actuaciones tienen una sólida cobertura, protección y respaldo jurídico en estos artículos 333 y 350 de la Constitución, que le otorga y garantiza una total libertad, inmunidad y legitimidad por sus acciones en defensa del orden constitucional y en la lucha contra la dictadura.

La lucha del pueblo venezolano es contra la barbarie y su violencia. Cada vez se impone más que la presencia masiva y pacífica de los ciudadanos buscando restablecer la paz, la justicia y el imperio de la Ley.

En Venezuela no es posible una guerra civil porque para que ocurra un conflicto de ese tipo, deben existir dos bandos con capacidad y logística militar dispuestos a enfrentarse y combatir. No son unas pistolas y revólveres de defensa personal en manos de ciudadanos civiles los que pueden desencadenar una guerra civil. Así como tampoco la gesta individual de un funcionario policial en helicóptero o de un civil desesperado que comete alguna acción temeraria lo que desate una guerra civil. Los fusiles de asalto, ametralladoras, granadas, cañones, municiones, helicópteros, aviones y naves, comunicaciones, radares y contramedidas electrónicas, organización y logística están en manos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La pacífica y no violenta rebelión del pueblo de Venezuela no tiene interés ni voluntad ni capacidad para acceder a ese tipo de equipamiento y en la FANB, a pesar de los exabruptos de algunos oficiales, se evidencia cada vez más resistencia en participar en la brutal represión contra los civiles, en dotar de armas a la milicia o utilizar contra la gente o contra sus propios compañeros esas armas y equipos entregados en sus manos para la defensa de la Nación.

En Venezuela no es posible una guerra civil porque una enorme mayoría de venezolanos ya ha manifestado en múltiples escenarios y oportunidades su vocación democrática y ha buscado una y otra vez los mecanismos no violentos para hacer sentir su voz, su posición y sus creencias. No se ha caído en las recurrentes trampas que buscan derramamiento de sangre. En nuestro país no se puede hablar de fanatismo racial o religioso, factor presente en muchas guerras civiles y quizás ni siquiera ya de fanatismo político, porque la casta que nos gobierno ya no lo hace para imponer una ideología, sino para preservar sus privilegios, sus fortunas mal habidas o evitar responder por los crímenes cometidos.

Foto: Cheo Carvajal

Finalmente, tampoco pareciera que los principios tan de moda de la guerra asimétrica sean aplicables a una guerra civil. Pareciera que una “guerra civil de cuarta generación” no es un término válido. Fenómenos de violencia como los que están ocurriendo en Venezuela pueden calificarse de “terrorismo de Estado”, de “crímenes de lesa humanidad”, de “violación sistemática a los derechos humanos” o de “insurgencia criminal”. La posibilidad de guerra civil no pasa de ser una muy lejana posibilidad, pero una demasiado presente amenaza del gobierno, dolorosa y maquiavélicamente regada de muertes, sangre, detenciones arbitrarias, torturas y dolor para hacerla más creíble. Pero es una amenaza a la que no se le debe hacer eco, amenaza a la que hay que desmontar…