¡JUEZA CORRUPTA! Recibió 400 mil dólares y un cargo diplomático por condenar a @LeopoldoLopez

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A través de la red social  twitter, el doctor José Rafael Marquina, ha señalado cual fue el precio que se pagó para dictar la sentencia al líder opositor Leopoldo López, de 13 años, 9 meses y siete días.

Según publica Marquina, la jueza Susana Barreiros recibió en un  encuentro con el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, en hotel Alba en Caracas, en el mes de abril, un maletín con la no menos y despreciable cantidad de 400 mil dólares.

Marquina destaca, que otros de los beneficios por la decisión tomada fue la de sacarla del país, con la excusa de un cargo diplomático, el cual señala podrá tener como destino Chile. “El cargo diplomático está por definirse pero amigos de jueza Susana Barreiros dicen q ira a Chile”, afirma Marquina

 

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#Titulares A tribunales 5 presos por abucheo a ministra de Turismo, esposa de Diosdado Cabello

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23/08/2015

CAYO SAL | DERECHOS HUMANOS | DIOSDADO CABELLO | MARLENY CONTRERAS |

Cinco temporadistas fueron detenidos acusados de agredir a la ministra de Turismo, Marleny Contreras, también esposa del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello,quien fue abucheada en el islote Cayo Sal, en el Parque Nacional Morrocoy, en Falcón, tras inaugurar una obra, informó la Fiscalía.“Al culminar la actividad institucional, varias personas profirieron insultos e improperios a la alta funcionaria, al tiempo que le lanzaron arena y piedras” este viernes, afirmó la Fiscalía en un comunicado con la versión oficial.

De inmediato actuaron soldados de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) que escoltaban a la ministra y detuvieron a cinco personas, cuatro hombres y una mujer.

En la audiencia de presentación prevista para este domingo la Fiscalía imputará “la presunta comisión de delitos previstos en la legislación” a Gean Certo (24 años), Carlos Arellano (24), Yolmer Roa (25) y a los hermanos Joselyn (24) y Joan Prato Valencia (30), adelantó la información oficial.

Contreras es cónyuge de Diosdado Cabello, presidente del Parlamento y segundo al mando en la llamada revolución bolivariana, nombrada ministra por el presidente, Nicolás Maduro, el pasado 7 de abril.

Contreras dejó entonces su cargo como diputada del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) que preside Maduro y del cual su marido es uno de los vicepresidentes nacionales.

De acuerdo con el activista en derechos humanos Alfredo Romero, las personas fueron arrestadas en Cayo Sal horas después que el grupo de temporadistas abuchearan a la ministra de Turismo, quien inauguraba un puesto de guardaparques en Morrocoy.

Contreras se encontraba acompañada de la gobernadora del estado Falcón, Stella Lugo de Montilla y de la presidenta de Inparques, María Isabel Godoy, cuando ocurrió el incidente. Las cámaras captaron que la comitiva oficial estaba también compuesta por prensa oficial, efectivos de la Guardia Nacional y de la Policía Nacional.

La información fue difundida por el director ejecutivo del Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero, a través de su cuenta Twitter.

Vídeo del Incidente

¡Novela roja y entre mentiras y populismo! Diosdado Cabello insiste en que querían asesinar a Leopoldo López 

“El le decía al general Noguera Pietri que no lo soltara porque lo querían matar”

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Diosdado Cabello, confirmó lo dicho por el presidente Nicolás Maduro la noche de este martes, donde aseguró que en febrero de 2014 había orquestado un plan para asesinar al dirigente opositor Leopoldo López. Agregando que el homicidio sería perpetrado en Parque del Este.

“Yo fui a una casa a conversar con ellos (familia de López) y ellos me ratificaron que tenían información que querían matarlo. Yo confieso que no fui con el mejor de los gustos, pero de verdad me importa la vida de un ser humano, no importa su posición política (…) El le decía al general Noguera Pietri que no lo soltara porque lo querían matar, y lo abrazaba”, relató.

Mensaje a Fedecámaras  

“Ni se les ocurra llevar una ley a la Asamblea Nacional mientras la mayoría de esa asamblea sea roja rojita. No vayan para allá porque nadie les va a recibir nada, por lo menos los diputados revolucionarios, nadie les va a recibir nada. Si usted es empresario dedíquese a producir, la experiencia que tenemos en Venezuela es que por la avaricia les gusta dar golpes de Estado y proclamarse presidente de la República, esos que están ahorita son iguales pero recargados”, afirmó.

La respuesta del dirigente rojo se produjo luego que el vicepresidente del conglomerado empresarial, Ricardo Cussanno, informara que la próxima semana acudirán al Palacio Federal Legislativo un propuesta de ley para reimpulsar la producción nacional.

Entregará dinero de la demanda a niños pobres

“Yo no quiero que cambien la línea editorial, yo no pido favores (…) Dicen que yo no he hecho nada contra los medios de afuera (ABC de España y The Wall Street Journal) todo tiene su momento y su espacio, el que cree que yo no voy a hacer nada no me conoce”, aseguró al recordarse de la demanda civil introducida ante los tribunales.

“Me pueden acusar de intolerante pero de eso no. Ustedes saben que eso (vinculaciones en trafico de drogas) es mentira”, dijo. Asimismo dijo que antes de formular la demanda se lo consultó al presidente Nicolás Maduro.

Adelantó que así como salió la medida que no se podían enajenar los bienes de El Nacional, lo mismo pasaría con las propiedades de Miguel Henrique Otero, por ser dueño del medio. “Lo que pagues ahí se lo entregaremos a los niños más pobres del país. pero yo no voy a aflojar”.

Diosdado nos quiere quebrar

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El capitán Cabello activó la novena demanda contra este medio de comunicación, ahora de carácter civil

Llegó la novena demanda contra TalCual. Como las dos precedentes, está también está incoada por el capitán Diosdado Cabello. Ahora emplea la vía civil, luego de activar la penal. Toma como excusa la réplica que este medio hizo de las denuncias hechas por el capitán Leasmy Salazar en Estados Unidos. Su intención es clara: quebrar a este periódico y apuntalar la censura que ha venido implantándose en el país.

Hay que ser muy ingenuo, y nosotros no lo somos, para pensar que algún juez en este país va a tomar una decisión que no agrade al demandante. Sabemos, la experiencia nuestra y la de otros medios nos lo dice, que quienes deben impartir justicia acatan disciplinadamente las peticiones del cogollo gobernante.

Lo que ya dijimos en un editorial anterior lo repetimos en este. Pretenden que nos autocensuremos. Que seamos complacientes con el poder y sus ejecutorias. Que aceptemos, apoyemos u ocultemos la violación permanente de la Constitución y la ley; que miremos para otro lado ante la profusa e intolerable corrupción; que guardemos silencio ante un estado de cosas que va degradando la vida de la inmensa mayoría de los venezolanos; que aceptemos la pretensión de convertir a Venezuela en un cuartel. Que seamos cómplices ante la creciente violación de los derechos humanos.

La repuesta va a ser la misma de siempre. No vamos a cambiar ni un milímetro nuestra posición. Lo que consideremos debe ser publicado, será publicado. A nadie le vamos a pedir permiso para ello. No lo hemos hecho hasta ahora ni lo vamos a hacer. Seguiremos fieles a nuestros principios.

El demandante, en lugar de dedicarse a perseguir a los medios, debería concentrar sus energías en mejorar la crítica situación que vive la inmensa mayoría de los venezolanos. Por ejemplo, la Asamblea Nacional debería ser más productiva. Este primer semestre apenas aprobó dos leyes, demostración de poco trabajo. Eso sí, sancionaron una buena cantidad de créditos adicionales para echarle gasolina a la inflación.

Sería mucho más provechoso que empleara su tiempo en buscar la manera de controlar la inflación y llenar de productos los mercados. Ese cuento de la guerra económica no se lo cree nadie. Desde el Parlamento debería adelantar una investigación que determinara quiénes se llevaron los miles de millones de dólares que denunció su copartidario Jorge Giordani. Sería una señal clara que se quiere acabar con la corrupción.

También sería mucho más provechoso para todos que dedicara su tiempo en buscar reducir la inseguridad, en hacer eficiente la atención sanitaria, en lograr una educación de primera para todos.

Este medio nació y tiene su razón de ser en la defensa de las libertades y la Constitución. En lograr un país donde exista plena vigencia de los derechos humanos. Y promover un clima de convivencia civilizada entre los venezolanos. En abogar por un país próspero, económicamente hablando, con equidad social.

En esta ocasión, como en las anteriores, TalCual no cometió ningún delito. Replicamos la información publicada en un importante diario español. Información que en nuestro criterio era de interés para los venezolanos. Enfrentaremos la demanda como lo hemos hecho hasta ahora. Acudiremos a todas las instancias a las que haya que acudir. Los venezolanos demócratas pueden tener la plena seguridad de que no nos vamos a rendir.Daremos nuevamente la pelea, seguiremos diciendo las cosas claro y raspao.

Patriotas cooperantes: los sapos de la revolución

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29/06/2015

BARRETO | CHAVISMO | CHAVISTAS | ESTUDIANTES | GUARIMBAS | REVOLUCIÓN | SAPOS |

No hay certeza de su pérfida existencia. En cambio sí hay detenidos por sus supuestas acusaciones. Los patriotas cooperantes no son invento inédito del socialismo del siglo XXI. Por ejemplo: KGB soviética. Son grupos que vigilan a los ciudadanos y chismean para garantizar el control social y neutralizar las actividades de los opositores al gobierno

Con el mazo dando,  el programa que el número dos de la revolución conduce todos los miércoles, tiene una sección fija que compensa la falta de encanto mediático de su conductor: “Los Mazazos”. Diosdado Cabello lee unas tarjetas de apuntes que complementan lo que lee en su laptop, y entonces comienza su inquisición: informaciones sobre el funcionamiento interno de los partidos, la vida personal de los dirigentes opositores, supuestas pruebas de actividades conspirativas y muchísimos chismes personales dirigidos a estigmatizar y ridiculizar a los opositores forman parte del menú de supuestas infidencias. El presidente de la Asamblea Nacional apoya sus informaciones en datos que le aportan los “Patriotas Cooperantes” —que aparentemente tienen infiltrado a todo el país e informan a Cabello de todas las actividades privadas de cualquiera que no comulgue con la revolución bolivariana.

El Patriota Cooperante es una figura singular, sin fuero legal o presencia institucional conocida, tampoco hay datos o informaciones certeras sobre su existencia y actuación en el país. Y, sin embargo, su nombre es citado constantemente no solo por el presidente de la Asamblea Nacional, sino también en juicios, acusaciones e informes de los organismos de inteligencia del Estado.

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María Corina Machado, diputada destituida de su cargo por el propio Cabello y a quien se le suele mencionar en el programa con el remoquete de “María Violencia”, desestima la existencia de estos supuestos informantes y cree que se trata de un mecanismo de intimidación. “Lo que ellos buscan, como todo régimen totalitario, es aterrorizar con la figura del sapo, del infiltrado, como mecanismo para generar más desconfianza y una ruptura en el tejido social de colaboración y solidaridad que tenemos entre los ciudadanos. Además, la mayoría de las cosas que publican son mentira. No creo que haya ninguna base creíble para pensar que existen estas figuras”.

No obstante, la también dirigente de Vente Venezuela no duda de que exista vigilancia por parte de los organismos estatales. “El régimen ha invertido una fortuna astronómica en mecanismos de alta tecnología para seguirnos y obtener información sobre nuestras actividades. Mi correo, mi teléfono, mi casa, mi familia, yo sé que soy vigilada. No me dejan salir del país e incluso cada día me hacen más difícil moverme dentro de Venezuela. No puedo comprar pasajes en las aerolíneas del Estado, eso es una aberración, como si fueran de ellos”, recuerda Machado una larga lista de agravios y persecuciones en su contra.

Algunos antecedentes

Las revoluciones son paranoicas por naturaleza, desde la Stasi alemana, pasando por la KGB soviética y terminando con los célebres Comités de Defensa de la Revolución (CDR) que funcionan en Cuba, los socialismos reales tienden a la vigilancia de sus ciudadanos, con el objetivo de garantizar el control social y neutralizar las actividades de los opositores al gobierno. En el caso del proceso venezolano, ya desde la época del fallecido Hugo Chávez, se instaba a las personas a vigilar a sus vecinos e informarlo al gobierno. Los Círculos Bolivarianos, muy activos entre 2001 y 2007, eran una suerte de versión venezolana de los CDR cubanos; solo que a diferencia de los antillanos, su poder político se limitó a ser fuerzas de choque que operaban en marchas y movilizaciones opositoras, más que a ser la médula de un control social absoluto.

Juan Barreto se vio empapado de acusaciones cuando una serie de explosivos se colocaron en puntos neurálgicos de la ciudad capital, siendo el más letal el que estalló en la sede de Fedecámaras en febrero de 2008, y que días después se atribuyó a “Frente Guerrillero Venceremos”, un grupo que según acucioso reportaje de Víctor Escalona en el desaparecido periódico El Mundo, estaba vinculado al Estado venezolano y hacía vida en la Parroquia 23 de Enero de Caracas. Héctor Serrano Abreu, quien colocara el artefacto explosivo y muriera al no saber manipularlo y explotar junto a él, tenía una chapa de la Policía Metropolitana y cobraba en nómina de la Alcaldía Mayor, como parte de una “Red de Inteligencia Social” de la cual Barreto admitió en aquel entonces que tenía más de 8.000 miembros.

Federico González está dispuesto a compartir su historia siempre que se resguarde su identidad. A mediados de la década pasada emigró a Francia y al poco tiempo de estar en París sintió los avatares del desempleo. Gracias a un contacto familiar comenzó a trabajar en la embajada de Venezuela en el país galo, cuando Jesús Arnaldo Pérez era el embajador. “Al principio yo era una suerte de utility. Me mandaban a hacer recados, llevando y trayendo cosas. Luego, como yo manejaba y empecé a conocer muy bien la ciudad, me empezaron a usar como chofer suplente. Puedo decir que en la embajada muchos de los trabajadores no eran chavistas, y a veces eso generaba algunos roces y cierta tensión que luego se fue haciendo constante”.

“Con el tiempo”, continúa Federico, “entró a trabajar un señor llamado Guillermo Morales, quien haría las veces de una especie de periodista para redactar todo lo relacionado con la embajada y sus eventos, pero también era un hombre muy bueno en el área informática. Poco a poco se empezaron a escuchar quejas de los trabajadores porque les revisaban sus ordenadores y les registraban sus cosas. Yo en efecto comprobé que sí, que el tipo le chequeaba los ordenadores a todo el mundo allí”.

Dos casos trágicos

Ingrid Flores no llora ni dramatiza demasiado cuando habla de su hijo, Rosmit Mantilla, preso desde el 2 de mayo de 2014. Con aplomo, la señora Flores rememora el caso. “Hubo un allanamiento en Caricuao, en casa de mis padres, donde se llevaron detenido a mi hijo y a mi padre. Allá llegaron unos 120 funcionarios, acompañados de tres testigos. Ellos se llevaron a mi hijo hacia el cuarto, dejaron a mis padres y a los testigos en la sala. El cuarto es bastante pequeño de unos 2×3 metros. Eso se llenó de funcionarios, y de pronto uno de ellos se agachó y dijo: ‘mira lo que está aquí’, mostró cuatros sobres y sin abrirlos dijo: ‘aquí está el dinero’. Cuando los abrieron en cada sobre había cinco mil bolívares. Los sobres tenían una inscripción en la parte de afuera que decía Santa Fe en uno y en el otro decía Plaza Altamira. En ese momento mi hijo empezó a gritar: ‘me están sembrando, ese dinero no estaba allí’. Eran muchísimos funcionarios y no dejaban que entraran mis padres ni los testigos. Esa misma tarde salió el señor Diosdado por televisión, diciendo que habían realizado un allanamiento en Caricuao y que habían capturado a una de las personas que estaba financiando las guarimbas. Eso no es cierto. Mi hijo es un estudiante y defensor de los Derechos Humanos de la comunidad LGBT. Se los llevaron y esa tarde soltaron a mi papá, porque tuvo una subida de tensión. Casi 72 horas después, nos enteramos de que a mi hijo lo estaban acusando de ‘financiamiento de guarimbas’, algo que no existe en nuestras leyes. A la semana es que nos informan que un ‘patriota cooperante’ era el informante principal, esa es otra figura que no existe en nuestras leyes. Para ellos es una persona que busca información para acusar a otras, sin explicación de ningún tipo. No existe identidad, uno nunca sabe quién es, si es un vecino o si es alguien que ellos se inventan”.

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Lissette Gonzalez, hija de Rodolfo González, harto conocido como “El Aviador”, detenido el 26 de abril de 2014 y quien el 13 de marzo de 2015 luego de que presuntamente se suicidara en prisión, tiene un testimonio similar al de Flores: “El juicio no ha empezado aun, comienza el 13 de mayo. En el acto conclusivo de la fiscalía aparece como evidencia una grabación que entregó un patriota cooperante. Los abogados del caso y ONG de DDHH dicen que esto es ilegal, pero aun así la fiscalía basa sus actos en este tipo de testimonios anónimos”. Y luego agrega: “En las actuaciones de la fiscalía no aparece ningún nombre, es un testimonio anónimo. La fiscalía no da explicaciones, simplemente basa su investigación en lo que le parece. Nadie vela por los derechos de los imputados o los presos, al menos no en el caso de mi papá y mi mamá. Ese debería ser el rol de la Defensoría del Pueblo”. Rodolfo González fue acusado por el entonces Ministro del Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, de ser el “articulador logístico” de las guarimbas. Lisette no conoce de otros casos, de los ligados a su padre, en que los testimonios de los patriotas cooperantes hayan sido la prueba central para la actuación del Estado, pero sí conoce del proceso contra Mantilla, a quien veía todas las semanas cuando visitaba a su papá.

La madre de Rosmit agrega: “hubo dos personas que detuvieron el mismo día, un militar y un ingeniero. El militar, que se llama José Gustavo Arocha Pérez, se acogió a ‘delación’ y fue puesto en libertad luego de declarar que él le entregaba dinero a mi hijo, a pesar de que mi hijo no conocía a ese señor, y que supuestamente Maria Corina Machado, Leopoldo López y todas esas personas recibían dinero de las manos de él. Hace dos meses nos dijeron que ese señor se fue del país. El ingeniero todavía continúa detenido”.

En ambos casos el retardo procesal ha sido la norma, lo que despierta suspicacias en torno a la consistencia de los expedientes. “Durante once meses la audiencia ha sido deferida una y otra vez, ya se va a cumplir un año y aún no se ha iniciado el juicio”, se refiere Flores al caso de su hijo, de quien dice estar de buen ánimo tras las rejas. “Estoy súper orgullosa de él, porque se ha mantenido firme y digno, con la certeza de que la libertad está cerca, aunque no podamos creer en la justicia en Venezuela, porque nosotros no podemos confiar en una gente que actúa por su propias leyes. Pero más allá de eso, mi hijo y todos los que están allá adentro están estudiando, a sus amigos les piden libros y siguen formándose, porque cuando salgan ellos quieren reconstruir el país”.

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Lissette no es tan optimista y cree que el “sapeo”, que en un principio fue una actitud mal vista en la socio-cultura venezolana, pudiera estarse convirtiendo en una forma de sobrevivencia para algunos. “En medio de escasez, pobreza, falta de empleo, el sapeo es una estrategia de supervivencia, una forma de mostrar lealtad y de obtener algo que te falta. Eso no significa que sea general, pero sí que el contexto lo incentiva”, señala. Termina su entrevista diciendo que en caso de existir no odia a la persona que habría delatado a su padre: “Pero me gustaría poder enfrentar a esa persona, preguntarle cuánto ganó. Verle la cara y que nos vea. Si lo que ganó vale nuestro sufrimiento. Me gustaría saber si se siente responsable porque mi papá haya muerto. O si de verdad creía aquello que denunció. ¿Se arrepentiría? Quién sabe. Odiar no valdría la pena, sería dedicarle demasiado tiempo y energía a alguien que no lo merece”.

Al final, y en vista de que no existe evidencia real de la existencia o actuación de los llamados patriotas cooperantes, pareciera que el Estado los ha convertido en una especie de amenaza invisible contra quienes se le oponen, lo que no necesariamente los amilana. “Yo tengo plena confianza en todas las personas de mi entorno, mis amigos, nuestros trabajadores”, dice María Corina Machado, confiada en que los venezolanos no tienen tendencia al sapeo. “A mí hasta me cortan la luz en los eventos que realizo, pero eso me dejará un poco afónica, desde luego, pero no más débil. La gente nos escucha y yo creo que nos quiere, y nos quiere cerca”.

Venezuelan regime launches campaign to protect embattled Assembly president

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    FILE – In this Jan. 5, 2013 file photo, National Assembly President Diosdado Cabello applauds before addressing the National Assembly in Caracas, Venezuela. Cabello said on Wednesday, May 13, 2015 he is asking courts to bar news executives from leaving the country while heâs suing them for alleged defamation. (AP Photo/Ariana Cubillos, File)

Even as U.S. federal authorities are beginning to close in on Diosdado Cabello, the president of Venezuela’s National Assembly who is being investigated for drug trafficking, high-ranking officials in the country are doing all they can to try and shield him from any pending charges.

On Monday of this week, the Wall Street Journal and Washington Post reported that the U.S. Drug Enforcement Administration was looking into allegations that Cabello had turned the country into a global hub for cocaine trafficking and money laundering.

Two days later, Gladys Gutiérrez, the head of the country’s Supreme Court, declared that the press stories “have no basis in reality,” and therefore “don’t have any legal effect inside Venezuela.”

She also warned that publishing articles that “lack veracity carries sanctions under the nation’s laws.” Although U.S. newspapers would almost certainly not be sanctioned, she seemed to be threatening local press to stay away from the story or they would be fined or thrown in jail.

Gutiérrez appeared at a press conference in order to defend Cabello. “All these reports just try to damage Venezuela’s institutions,” she said. “They are not based on any credible data.”

The Supreme Court was just one of many government-related groups that have launched an aggressive public relations crusade to defend Venezuela’s No. 2 politician from charges he turned the country into a narcostate.

President Nicolás Maduro gave the order to start a campaign defending the Assembly president on Tuesday night during his weekly TV show.

“I am publicly calling on all the social movements, the United Socialist Party of Venezuela (PSUV), the youth, women and the working class. Whoever messes with Diosdado, messes with me. Let’s defend Diosdado as we defended the country against the U.S. aggression in March,” referring to sanctions that were levied by the Obama administration on seven high-ranking officials in the Venezuelan government suspected of human-rights abuses.

On Wednesday, Chavista followers began carrying out Maduro’s command.

In the morning, a group of PSUV congressmen met with Venezuela’s Attorney General, Luisa Ortega Díaz, to join the suit Cabello filed in April against local media outlets that published information reprinted from a Spanish outlet alleging that Cabello was involved in drug trafficking.

After the meeting with Ortega Díaz, Elvis Amoroso, the first vice-president of the National Assembly, told reporters, “Diosdado won’t kneel in front of anyone. We are asking for justice, publishing news like that without proof is not real journalism.”

Hours later, the second vice-president of the assembly, Tania Díaz, led a news conference organized by a group of women members of the ruling PSUV.

Cabello’s accusers are “trying to weaken Venezuela’s institutions,” she said. “They focus on the National Assembly because we have elections this year.”

As the different press conferences were taking place, the government began to push on Twitter the hashtag #DiosdadoTeApoyamos (“Diosdado we support you”).

The accounts of party leaders and government-owned media outlets even added the hashtag to messages that didn’t have anything to do with the lawmaker, just to turn it into a trending topic.

Later the government tried to get another Twitter hashtag to catch on, and this one did become the No. 1 trending topic in Venezuela: #ApoyoaDiosdadoporque (“I support Diosdado because”).

On Thursday the campaign continued.

The Chavista party’s youth wing sent out a statement reading, “Why doesn’t the U.S. government investigate drug use in its country? Easy, a society like America, under the influence of drugs and alcohol, won’t oppose its government’s commands.”

That night, another hashtag was created on Twitter: #ElPuebloConDiosdado (“The people with Diosdado.”)

The barrage of attention given to the issue by the PSUV and the government has contrasted with the unusual silence coming from the opposition.

The minority leader in the National Assembly, Stalin González, claimed the opposition hadn’t discussed the issue yet.

“We will probably meet by the end of the week to announced a unified position and take some actions,” González told Fox News Latino. “We will analyze all the scenarios to see what we can do.”

The closest thing to an official opposition statement came from one of its leaders, the former congresswoman María Corina Machado.

Wednesday night, Machado sent a press release asking for an immediate statement from the 29-party antigovernment coalition, Democratic Unity Roundtable (or MUD in its Spanish acronym).

“The entire nation is waiting for an opposition pronouncement given the seriousness of the alleged crimes,” it read. “It is our duty as leaders and patriots of Venezuela.”

Wave of Testimony Condemns Diosdado Cabello as Narco Chief

WSJ’s Juan Forero Unveils DEA Probes into Chavista Power Broker

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An article published Monday by the Wall Street Journal claimed that Venezuela has become a global center for cocaine-trafficking, after judicial sources confirmed that National Assembly President Diosdado Cabello is under investigation for allegedly being a narco-trafficking kingpin and the leader of Venezuela’s Cartel de los Soles. The report echoes claims made by Spanish daily ABC in January.+

Juan Forero and José de Córdoba developed the report, which indicates that major narco-trafficking groups operate with the consent and even outright complicity of the Venezuelan authorities.+

They reveal that Cabello; Aragua State Governor Tarek El Aissami; National Guard Commander Néstor Reverol; Industry Minister José David Cabello; and General Luis Motta Domínguez are all facing investigations over alleged ties to organized drug crime.+

Forero told the PanAm Post that Venezuela’s economic situation, widespread insecurity, and rivalries within the government have prompted increasing numbers of sources to flee to the United States, receiving asylum in return for collaborating with narco-trafficking investigations.+

+

How did the report come about?+

We wrote several articles on Hugo Carvajal, he really interested us, because it was the first time that a senior official in the Venezuelan government had charges against him and it became public. In the United States particularly delicate cases are often sealed. In this case, US prosecutors made it public once they thought they already had Carvajal and that they were going to extradite him, but it didn’t happen.+

Another issue was [Cabello’s former bodyguard] Leamsy Salazar; we contacted people who knew about this case, about [former Iragua State Governor] Rafael Isea, and other government officials who were in the Venezuelan government but are now helping with investigations.+

Are they reliable sources?+

We contacted people on the official side who confirmed the investigations; we spoke with people they recruited to help them get informants, deserters, and former officials. We contacted people in exile, academics that write about narco-trafficking, and lawyers that represent narco-traffickers, who confirmed what we were denouncing in this article.+

We based it on interviews and documents concerning the different cases of narco-trafficking in Venezuela.+

What does it mean for Venezuela to be a presumed global center of cocaine trafficking?+

It means that Venezuela is highly important in the entire chain of production and sale of cocaine. They don’t produce cocaine there; that’s something that happens in Colombia, in Peru, or Bolivia. Colombian cocaine and coca basically go to the United States and pass through Venezuela. The big mafia groups that are bringing cocaine to the United States are in part based in Venezuela.+

Colombian narco-traffickers found a country where they could operate in a much easier and flexible way, and with more freedom than in Colombia. They know that in Venezuela, they can work with the army, the National Guard, the police, and senior officials.+

Are you expecting any kind of legal reaction by the Venezuelan government or Diosdado Cabello?+

We’d love to interview Cabello and other officials, but it’s very hard for them to talk to independent media.+

The information that we published is true; it’s based on very serious work. What we’re simply doing is reporting the news, speaking with sources linked to the investigations. It’s the role that the media should have in democracy.+

This took a long time to edit: there were lots of changes, lots of lawyers who revised it, who took out things that we couldn’t say. In the United States, the First Amendment protects us as journalists; this is part of free expression and key for the North American democracy.+

When did your investigation begin?+

After the Carvajal case and finding out about the information given by Leamsy, we began to do interviews. We traveled to various countries, including to Europe to gather information. It was a wide-ranging job that involved various journalists.+

When did they begin investigations in the United States?+

These investigations began a long time ago. I recall that in 2008 the Treasury Department linked various senior Venezuelan officials with FARC, but they told us that investigations have accelerated in the last two years under the Maduro government. They explained that because of the crisis in Venezuela — the economic situation, insecurity, and rivalries within the government — there are people looking to leave the country and are ready to cooperate.+

A prosecutor told me that with Chávez it was very difficult to get informants, but now it’s much easier. In fact, there are so many, that now you have to be very cautious about the information you accept.+

Why do the prosecutors and the DEA collect evidence and never make it public?+

There are sealed cases, which only come to light when the [US] Americans believe that they’ve got enough to extradite the people they’re looking for; they don’t want them to know about the investigations they’re doing.+

There’s no doubt that those being investigated know about it; in fact, they attribute it to the United States trying to destabilize Venezuela. The Venezuelan government says that it’s an order from Obama, but it’s not like that.+

The prosecutors are independent; they’re not controlled by the government. They’re doing things very calmly. What they want to do is resolve cases in order to be able to arrest the people they’re investigating.+

Could the United States take steps to shut down this alleged narco-trafficking network?+

It’s very difficult; you’re not dealing with any old case. You’re dealing with investigating leaders and senior Venezuelan officials of a government that has declared itself an enemy of the United States. And I don’t think there will be a lot of options to make arrests once there are definitive results for these investigations.+

Could there be any kind of intervention in Venezuela by the United States as a result of these investigations?+

I don’t think there’s the possibility of intervention in Venezuela; it’s a judicial issue that has to do with prosecutors and courts. If the Venezuelan government doesn’t want to cooperate, there’s nothing they can do. It’s still developing; we’re not saying that there are charges against these officials; what we’re saying is that there are investigations into them. It could be that the cases are sealed, I think they are, but I don’t have that information.+

Do you think Chávez knew about the situation, and that’s why he didn’t leave the presidency to Cabello?+

They told us that it was impossible that senior Venezuelan government officials, including Chávez and Maduro, weren’t informed about what was going on.+

What do you think about Cabello’s demand of Venezuelan media?+

I believe that you have to respect the media. What Diosdado Cabello has to do is demonstrate that the information is false: he ought to speak with the media, give information, and explain his point of view, and this isn’t happening. It’s censorship.+

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