Si #Maduro fuera presidente y la comidilla gobernaran #Guatemala hace rato estaría preso por corrupción

Las denuncias quedan engavetadas en el Ministerio Público (MP).

.-  Escándalos de corrupción han salpicado a países de Suramérica como Brasil, Argentina y Chile. Ahora, un nuevo un acto delictivo, más grave, se hace público en América Central: El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, dimitió y fue imputado por tres delitos, vinculados al caso de corrupción conocido como “La Línea”. Caso contrario, Venezuela, donde las acusaciones por irregularidades administrativas contra el presidente Nicolás Maduro, y de su antecesor Hugo Chávez, han quedado engavetadas en el Ministerio Público (MP).

Sobre el presidente Nicolás Maduro pesa una denuncia que se encuentra archivada en uno de los escritorios del despacho que preside Luisa Ortega Díaz,y de la cual la Fiscalía no ha hecho ningún tipo de mención.

En el 2005 se pidió una investigación en contra del mandatario nacional, cuando era presidente de la Asamblea Nacional (AN); se le acusó de que, a través de la inmobiliaria Triani, arrendaba el edificio Pas de Calais, ubicado en el centro de Caracas, sin justificación alguna. El contrato estuvo vigente desde el 20 de abril hasta el 31 de diciembre de 2005 y, aunque el edificio nunca se ocupó, el contrato fue pagado íntegramente. La denuncia la hizo el diputado a la AN por Un Nuevo Tiempo (UNT), Guillermo Palacios.

Además al mandatario se le ha acusado de “enchufar” a su familia en diferentes cargos del Gobierno, con lo que, según los artículos 52 y 61 de la Ley Contra la Corrupción, estaría incurriendo en tráfico de influencias. La primera combatiente, Cilia Flores, heredó la presidencia del Parlamento cuando Maduro fue designado canciller, mientras que el hijo de la ahora primera combatiente, Walter Gavidia Flores, fue “enchunfado” en el Poder Judicial como juez titular cuando apenas tenía 27 años.

Por su parte, Temir Porras, quien fuera mano derecha de Maduro como vicecanciller, fue designado en el 2013 como presidente de Bandes, a pesar que sobre él pesaba una acusación de la exembajadora de Venezuela en China, Rocío Maneiro, quien pidió que lo investigaran por la pérdida de 4 millones de euros. La acusadora fue destituida y no se abrió investigación alguna.

Una sola denuncia bastó en Guatemala para hacer justicia 

En cambio, contra Otto Pérez Molina pesa una sola denuncia que llevó a las autoridades independientes de Guatemala a pedir su renuncia y llevarlo a los Tribuales: Tráfico aduanero.

Se le acusó de liderar la denominada organización La Línea, en la que además estaría involucrada, la ya aprehendida, ex vicepresidenta Roxana Baldetti. El expresidente Pérez Molina al igual que Maduro prometieron “mano dura” contra la corrupción.

Sin embargo, al corrupción forma parte de los principales problemas que sus ciudadanos rechazan y han incidido en su baja popularidad, y en el peor de los casos, la renuncia del guatemalteco.

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“Por quinta vez difieren audiencia de Antonio Ledezma” @alcaldeledezma #AudienciaLedezma

ledezma

25/08/2015

ANTONIO LEDEZMA | AUDIENCIA | TRIBUNALES |

La audiencia preliminar para definir si el alcalde metropolitano, Antonio Ledezma, debe ser juzgado por el delito de conspiración contra el Gobierno de Nicolás Maduro fue suspendida este martes por quinta vez, y pospuesta para el próximo 22 de septiembre, informó la alcaldía en un comunicado.

“Antonio Sierraalta y Omar Estacio, integrantes de la defensa del mandatario metropolitano, informaron que la misma fue fijada para el próximo 22 de septiembre, motivada (por) ‘la incomparecencia del Ministerio Público y otros imputados’”, señaló la Alcaldía Metropolitana de Caracas.

La esposa del burgomaestre encarcelado, Mitzy Capriles, confirmó el aplazamiento de la audiencia de Ledezma, de quien dijo se mantiene “firme” y “sólido en sus convicciones”.

“Mitzy: @alcaldeledezma firme, solido en sus convicciones, sabe que este sacrificio no será en vano. Venezuela vale la pena. #Liberen ALedezma”, escribió Capriles en la cuenta en Twitter de su esposo.

Asimismo, Omar Estacio indicó a través de un comunicado que “con estas dilaciones injustificadas nuevamente se le viola el derecho a la defensa” al alcalde, “lo que demuestra el colapso que existe en el sistema de justicia venezolano”.

“No nos puede pasar por inadvertida la situación de colapso que padece el sistema judicial venezolano. El caso de Ledezma no es el único en donde se produce este tipo de anomalías, aquí hay una gran cantidad de personas esperando audiencia”, dijo.

El 23 de junio pasado el presidente Maduro denunció la existencia de supuestos vínculos entre una persona de “confianza” de Ledezma y el presunto homicida de la periodista Adriana Urquiola, fallecida al recibir dos disparos durante las protestas antigubernamentales de principios de 2014.

El alcalde fue privado de la libertad en febrero pasado, un arresto que cumple desde abril en su casa por razones de salud, acusado por la Fiscalía de conspirar contra el Gobierno de Maduro.

La causa contra Ledezma, indicó la Fiscalía en abril pasado, guarda relación con el caso de los venezolanos Lorent Gómez Saleh y Gabriel Vallés, expulsados de Colombia en septiembre de 2014 por su presunta vinculación con “planes conspirativos” atribuidos al expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010).

La oposición venezolana ha exigido la libertad plena para Ledezma, a quien califica de “preso político” al igual que a Leopoldo López, Saleh, Vallés y el exalcalde Daniel Ceballos, este último a quien también se le concedió recientemente la medida de casa por cárcel por motivos de salud.

Presunto desertor del Comando Antidrogas de la GNB estaría implicado en caso Solid Show

Solid Show

16/08/2015

COMANDO ANTIDROGAS | GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA | SOLID SHOW |

Según el expediente, el ciudadano de nombre Junior José Varela Aranguren supuestamente perteneciente al Comando Nacional Antidrogas de la Guardia Nacional y quien presuntamente había actuado como agente encubierto, se presentó ante la juez quinta del estado Miranda, acogiéndose al principio de oportunidad, para declarar sobre el caso de la avioneta que salió del aeropuerto Caracas, en Charallave, con 450 panelas de supuesta cocaína y que aterrizó en República Dominicana a las 9 de la mañana del 17 de marzo de 2015. Según fuentes judiciales tres días después de este acto jurídico, el militar desertó del referido cuerpo castrense.

Después de esta declaración ante el tribunal, Varela Aranguren, quien se presentó con un abogado privado y no como funcionario del Comando Antidrogas, debió quedar detenido y no lo está, es decir, tampoco fue imputado, ni será testigo del juicio. Según fuentes de tribunales, el colaborador habría dicho que en la operación le ofrecieron 120 mil dólares. Junior Varela aparece registrado en el CNE como residente del estado Nueva Esparta, en la parroquia Punta de Piedra, sector Laguna de Raya, calle La Cancha. Ni siquiera está detenido por delito militar.

Por otra parte, el Ministerio Público no presentó antes o durante la audiencia preliminar los exámenes practicados en República Dominicana, a la sustancia comisada que supuestamente provenía de Venezuela. La fiscalía había pedido estas rogatorias a sus pares dominicanos pero, al parecer no han llegado al país y aun así, acusaron al presidente de la empresa de espectáculos Juan Carlos Araujo Durán y al comerciante Juan Jacinto González por ser presuntos financista en el delito de tráfico de drogas. Es decir, los fiscales habrían acusado sin tener las pruebas en las manos sobre que sustancia se incautó.

Cabe destacar que, hasta que no lleguen los resultados de estas pruebas a Venezuela, no debería empezar el juicio.

Los otros acusados son los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, el teniente Richard Sánchez y los sargentos Pablo José Gil Loyo y Omerly Salcedo, quienes fueron acusados por el delito de tráfico ilícito agravado de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, Mientras que Luis Hurtado a quien vinculan como socio de Araujo y las empleadas de la mencionada empresa de espectáculos Mariflex Manzanilla, Carolina Pérez y Zoraimy Araujo les fue ratificado el delito de legitimación de capitales. A todos se les imputó el delito de asociación para delinquir.

“Esa experticia técnica nunca ha estado en el expediente que es la del pesaje y el saber cuál fue la sustancia que se incautó en la avioneta en República Dominicana, no consta en los auto y la juez 5ta de control de los Valles del Tuy admitió la acusación”, afirmó el abogado de Luis Hurtado, Gustavo Castro.

Según el jurista, los fiscales 3 y 27 nacionales, en ningún momento en la audiencia preliminar establecieron cual fue el nexo entre Araujo, González con Hurtado. “El código es muy claro, tú tienes que hacer una relación sucinta de los hechos y después traspolar esa conducta al ordenamiento jurídico, eso es lo que te va a dar a lugar si la persona tiene algo que ver o no con el hecho que se investiga”, argumentó Castro.

La defensa de Luis Hurtado, para tratar de desacreditar la acusación por el delito de legitimación de capitales, mostró como Hurtado compró sus viviendas y vehículos, según Castro con préstamos bancarios inclusive, al día de hoy, su última propiedad todavía debe cancelarla al banco de Venezuela hasta el año 2020.

“Nosotros demostramos durante la investigación que el señor Luis Hurtado Arévalo, todos los bienes que adquirió durante los últimos 20 años, los adquirió con dinero proveniente de actividades lícitas, de su trabajo el comercio y créditos hipotecarios. Compró un apartamento en San Martín, luego vendió y compró uno en Los Samanes, luego vendió éste y se compró un terreno, después el terreno lo vendió con la plusvalía y con un crédito hipotecario compró la casa en la lagunita; en el caso de las empresas se demostró que todo el dinero con que se hacia la actividad a parte del giro comercial diario, eran con créditos provenientes del banco Mercantil y otras entidades financieras. Todo eso está en el expediente y aun así el Ministerio Público lo acusó”, dijo Gustavo Castro.

Para los abogados de Hurtado, el sólo hecho de haber estado asociado con Juan Carlos Araujo en unas empresas, es la única prueba que tienen los fiscales para acusar a su defendido por lavado de dinero y asociación para delinquir.

Al fiscal José Roa le dieron libertad, pero en el Sebin no lo dejan salir

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Boleta de excarcelación del Fiscal Roa

Maria Alesia Sosa Calcaño

@MariaAlesiaSosa

A José Isaías Roa, de 46 años de edad, lo detuvo una comisión del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) el 13 de agosto de 2014. Según el relato de sus familiares, llegaron a su despacho en Tucupita funcionarios con armas largas, sin una prueba en su contra ni una orden de aprehensión. Lo confinaron a una celda donde pasó la noche esposado. Dos días después fue presentado en un tribunal de la misma ciudad. Roa no sabía por qué estaba preso, según cuenta su hermana Lesbia Roa.

El detenido es mayor retirado de la aviación y era Fiscal Superior en el Ministerio Público, cargo que desempeñó en Apure y Delta Amacuro, por más de 8 años. Además fungió por quince años como fiscal militar. Desde hace casi ocho meses está preso en El Helicoide en Caracas.

El 19 de diciembre de 2014, la familia Roa recibió buenas noticias. La Corte 10 de la Sala de Apelaciones del Área Metropolitana acordó otorgarle una medida cautelar sustitutiva de libertad a José Isaías Roa.

Carolina de Roa, esposa del fiscal detenido, cuenta que cuando salió la boleta de excarcelación, ella y sus tres hijos celebraron la decisión. “Ese día fue para nosotros el fin de una pesadilla. Pero no fue así. Resulta que la pesadilla continuó y ahora peor. Mis hijos todavía están esperando a su papá. Vemos que no hay ninguna institución que pueda parar esta aberración”.

Aunque Lesbia de Roa tiene en su poder el acta de la medida cautelar sustitutiva de libertad, denunció que los funcionarios del Sebin no han permitido que su hermano salga de la sede policial.

La boleta de libertad tiene acuse recibo y está sellada. Pero el Sebin ha hecho caso omiso, ha desacatado la orden de libertad.

“El 22 de diciembre esperamos hasta altas horas de la noche en El Helicoide y nada. Ni siquiera nos atendieron. El 23 de diciembre esperamos también todo el día, luego fuimos a la Defensoría del pueblo a pedir que nos acompañara un defensor. Fuimos al Sebin con él, y en el portón los comisario encargados de El Helicoide (Calderón y González) mandaron a decir que no había ninguna orden de libertad, que debíamos ir a Plaza Venezuela”, relató la hermana de Roa.

El defensor les confesó que no podía hacer más nada y que debían dirigirse a Fiscalía. Entonces se dividieron: ellas fueron hasta la Fiscalía y otros familiares acudieron al Sebin en Plaza Venezuela.

Ese día estaba cerrado el Sebin, les dijeron que trabajaban hasta el mediodía por la fecha navideña. “Cada vez que íbamos, nos decían que por ahí no habían procesado nada, que fuéramos a El Helicoide. Nos daban excusas. Sólo nos decían: ‘Aquí no hay ninguna orden de libertad’. Entonces interpusimos un recurso de habeas corpus”, explica Lesbia Roa, quien asegura que el Sebin comete un delito de lesa humanidad contra su hermano.

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El delito que le imputan

Al fiscal, José Isaías Roa, le imputaron, en principio, el delito de prevaricación fiscal, que es no tramitar una denuncia, no procesarla. En este caso se refiere a una denuncia contra el fiscal de ambiente en Tucupita Luis Ospino, quien llevaba una investigación sobre contrabando de Gasolina en el Delta del Orinoco.

La familia de Roa asegura que él sí procesó las denuncias y así consta en el expediente del caso. “Hemos rebatido esa versión y en el expediente constan todas las pruebas de que mi hermano tramitó dos o tres denuncias de ese caso”, reitera Lesbia Roa.

Uno de los fiscales que fue aprehendido por la misma causa salió en libertad plena, aun cuando reconoció que el fiscal superior (Roa) le había hecho la denuncia.

“Hasta allí llega la labor de un fiscal superior. Al otro le dieron libertad plena y al fiscal superior lo dejan privado de libertad”, reclama su esposa, Carolina de Roa.

Aunque no encontraron fundados elementos de convicción para dejarlo preso por el delito de prevaricación fiscal, le imputaron también la asociación para delinquir.

“Si no le hubieran imputado asociación para delinquir, no lo hubiesen dejado privado de libertad. Además lo colocaron como miembro cabecilla de una organización criminal, para poderlo dejar preso”, dijo la hermana de Roa.

Además de que no presentaron pruebas para imputar ese delito, le fundamentaron la aprehensión y luego la privativa, supuestamente por peligro de fuga debido al “poderío económico del fiscal superior”.

En autos consta, que la fiscal nacional solicitó y confirmó el perfil financiero un mes después de que lo detuvieran. “Tuvieron que buscar un perfil financiero de 12 años atrás para que pudiera darles una cifra que ni siquiera denota el poderío económico del que hablan. Mi esposo no tiene carro, y la única casa que tenemos, la pagamos con una hipoteca”, expresó Carolina de Roa.

Cuatro meses después de que la defensa había apelado, la Corte de Apelaciones cambió la calificación jurídica de asociación para delinquir, y desvirtuaron ese delito. Con base en eso, le otorgan la medida cautelar de libertad con régimen de presentación cada 15 días y prohibición de salida del país.

El 19 de diciembre la corte decidió a favor de José Isaías Roa Rojas, y el lunes 22 diciembre habilitaron el Tribunal 13 de Control. Como se cumplieron los requisitos, el Juez Carlos Navarro libró la boleta de excarcelación en cumplimiento con la decisión de la Corte 10 de Apelaciones. Ese documento fue consignado en el Sebin de Plaza Venezuela ese 22 de diciembre a las 2:00 de la tarde, pero en El Helicoide aún no acata la orden.

Un caso político 

En reiteradas oportunidades la familia dijo que no asociaban el caso con un tema político o partidista. “Pero ahora sí digo que parece un tema político. Mi hermano es un detenido de un caso político del Ministerio Público”, señala Lesbia Roa.

“Ya solicitamos al Ministerio Público la apertura de una investigación penal con miras a condenar a los responsables del este delito de lesa humanidad”, expresa la hermana del detenido.

Además la fiscal de derechos fundamentales dijo que no consideraba que el Sebin no estaba violando los DDHH, que no había desacato.

“Si mi hermano hubiera estado en Tocorón o en la peor cárcel del país, le hubieran dado libertad de inmediato, pero como está en el Sebin, no se la dan porque no les da la gana. Ahora entiendo por qué el Sebin se burla de nuestra familia, cuentan con el apoyo del Ministerio Público”, expresó.

Indicaron que el propio Tareck William Saab, defensor del pueblo, conoce el caso y no ha hecho nada al respecto. También que la misma fiscal general, Luisa Ortega Díaz, tiene la denuncia en sus manos, pero no hay respuesta.

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Precisamente, durante una entrevista con Vladimir Villegas en Globovisión el 4 de marzo de 2015, la fiscal general mencionó el caso de Roa, como una de sus grandes luchas por la justicia. “Hasta los fiscales que son corruptos tienen que pagar, allí está caso del fiscal superior de Delta Amacuro”, declaró.

Para los familiares, el fiscal ha sido utilizado por el MP. “Lamentablemente parece que mi esposo es un trofeo de lucha contra la corrupción, corrupción que en su caso no existe”, dijo Carolina de Roa.

La familia del fiscal de Delta Amacuro, asegura que han agotado todas las vías procesales ante los tribunales del país. Y que ahora acudirán a instancias internacionales.

“El Ministerio Público no es quien decide que queden impunes los delitos en este país. Ahora iremos a la Corte Penal Internacional y a la Corte Interamericana de DDHH, adonde tengamos que acudir a defenderlo, porque este es un delito de lesa humanidad que no prescribe”, sentenció la hermana del detenido.

Presidente de Solid Show detenido por supuesto contrabando de cocaína

juancarlosaraujo

31/03/2015

COCAÍNA | JUAN CARLOS ARAUJO | REPÚBLICA DOMINICANA | SOLID SHOW |

El presidente de Solid Show fue detenido en la noche del 30 de marzo en Caracas; y el sargento Silva Loyo fue aprehendido en las inmediaciones del Aeropuerto de Caracas, por órdenes de los fiscales que llevan el caso. Ya habían logrado determinar el vínculo entre ambas personas con el envío de la droga.

La Fiscalía imputará en las próximas horas al presidente de la empresa de espectáculos Solid Show, Juan Carlos Araujo Durán, y al sargento primero de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Pablo José Silva Loyo.

Fueron detenidos la noche del lunes 30 de marzo por su presunta vinculación con el tráfico de 450 panelas de cocaína. Los aprehendidos serán acusados ante el tribunal ante el Tribunal 5º de Control del estado Miranda.

El decomiso del contrabando se llevó a cabo el 17 de marzo en una aeronave que aterrizó en República Dominicana, proveniente del Aeropuerto Caracas, en Charallave.

Eilyn Ruiz y Gladys Valera imputarán a Araujo Durán y al GNB por delitos. La nota del Ministerio Público no especifica cuáles.

Por este caso también se encuentran privados de libertad otros funcionarios de la GNB y un empleado de una empresa de seguridad. Estos son Richard Sánchez Espinoza (teniente), Leandro Salcedo Gutiérrez (sargento 1°), Junior Valera Arango (sargento 2º) y el trabajador de la empresa de seguridad ASEG, Joseph Viera Betancourt, por la supuesta comisión de los delitos de tráfico ilícito de sustancias de estupefacientes y psicotrópicas, y asociación para delinquir.

La aeronave aterrizó en República Dominicana a las 9 am del 17 de marzo, con cinco personas abordo. Fueron detenidos tras la incautación de las 450 panelas de cocaína.

Los aprehendidos en el país caribeño fueron: Edmundo Medina, Francisco Velásquez, José Houtman, José Velásquez y Mirian Díaz, todos de nacionalidad venezolana.

El mismo día, Sánchez Espinoza, Salcedo Gutiérrez y Viera Betancourt también fueron detenidos en el Aeropuerto Caracas.

El presidente de Solid Show fue detenido en la noche del 30 de marzo en Caracas; y el sargento Silva Loyo fue aprehendido en las inmediaciones del Aeropuerto de Caracas, por órdenes de los fiscales que llevan el caso. Ya habían logrado determinar el vínculo entre ambas personas con el envío de la droga.

Durante la detención del empresario se incautaron cuatro vehículos, un escopetín y un revólver, entre otros elementos de interés criminalístico.

Directivos de Farmatodo salen en libertad condicional

FarmatodoAP

20/03/2015

DIRECTIVOS | FARMATODO | LIBERTAD CONDICIONAL | MINISTERIO PÚBLICO |

El presidente ejecutivo de Farmatodo, Pedro Luis Angarita y el vicepresidente de Operaciones, Agustín Álvarez Costa, recibieron libertad condicional, de acuerdo con fuentes cercanas al caso.

Una inspección de Ernesto Villegas, jefe del gobierno del Distrito Capital con fiscales de la Superintendencia Nacional de Precios, -el 31 de enero- a la sucursal de Farmatodo en Los Próceres, en la que había una larga cola de personas que esperaban ingresar al local y había cajas registradoras inactivas, sirvió de excusa para detener a los directivos de la mayor cadena de farmacias del país e imputarlos por la presunta comisión de los delitos de boicot y desestabilización de la economía.

El 4 de febrero el Ministerio Público dictó privativa de libertad para Angarita y Álvarez, por incurrir presuntamente en irregularidades en el expendio de productos de primera necesidad.

En la audiencia de presentación, los fiscales 23º y 73º nacionales, así como el 87º del Área Metropolitana de Caracas (AMC), Carolina Morgado, Israel Paredes y Facberm Useche, respectivamente, imputaron a los directivos por la presunta comisión de los delitos de boicot y desestabilización de la economía y fueron recluidos en la sede delSebin en El Helicoide (Caracas).

Tras un mes y tres semanas de detención, las autoridades ordenaron hoy la liberación condicional de los directivos, que deberán presentarse cada 15 días ante el tribunal respectivo y no podrán salir del país, según comentó una fuente vinculada.